Un nueva legislación para la familia cubana

Cuba fue el tercer país de América Latina en promulgar un Código de Familia, desagregando del Derecho Civil las normas jurídicas relativas a esta institución. En este se reconoce a la familia como célula fundamental de la sociedad a partir del fortalecimiento de la igualdad de derechos y deberes entre los sexos, de los vínculos de afecto, ayuda y respeto recíprocos entre los integrantes del núcleo, de la formación de valores y principios éticos.

Desde su promulgación y puesta en vigor hace más de cuatro décadas, esta norma fue un gran paso desde punto de vista jurídico y político, de las normas reguladoras de las relaciones familiares: el matrimonio, el divorcio, las relaciones paterno filiales, la obligación de dar alimentos, la adopción y la tutela. Su concepción, como han destacado varios especialistas, emergió como resultado de las nuevas relaciones sociales basadas en la propiedad social sobre los medios de producción.

El texto original ha sufrido varias modificaciones de menor o mayor entidad, no obstante, hoy se necesita un código que sea acorde a la Cuba actual y que se atempere a las transformaciones del país y a los cambios que ha experimentado esta rama del Derecho a nivel internacional. Según el abogado y máster en Derecho de Familia, Guillermo Rodríguez Gutiérrez, el transcurso de este período de la legislación ha traído un envejecimiento en algunas de sus regulaciones y se han apreciado carencias regulatorias que deben suplirse.

Por suerte, ello es algo de lo cual tiene plena conciencia el Estado, las instituciones y la población, y desde hace varios años la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión Nacional de Juristas tienen un proyecto legislativo más abarcador del divulgado en 1975. En tal sentido han insistido en la necesidad de avanzar en el camino de la modificación integral de la norma jurídica, algo que debe hacerse con mayor rapidez.

A juicio de los especialistas de esas organizaciones, son varias las modificaciones que se estudian y todo anota a que el nuevo código se propone un modelo de familia basado en relaciones más democráticas y de respeto a la diversidad, al tiempo que se ajusta mucho más a la realidad y a las necesidades de la sociedad cubana. En esta versión se emplea lenguaje de género, hoy ausente en casi todo el ordenamiento jurídico cubano.

De lo que ya se conoce y han divulgado los medios de prensa, la nueva Ley debe establecer expresamente los derechos que tendrían los niños sujetos al régimen de patria potestad, aspecto no contenido de manera explícita en la legislación vigente. También el derecho de los infantes a participar activamente en la vida familiar y social, a que sus opiniones sean escuchadas, a defender sus criterios y a recibir argumentos que puedan convencerlos.

Así quedó evidenciado durante el III Encuentro Internacional sobre Protección Jurídica de los Derechos del Menor, efectuado en La Habana, en el 2009. Otra de las reformas que se revelaba en ese entonces, para hacer más adecuada la convivencia de los menores, es que en el nuevo Código también aparece explícitamente el derecho a ser protegido de toda forma de violencia física y psíquica, explotación, abuso sexual, descuido o trato negligente.

Los encargados de los cambios señalan que la norma también ayudaría a los abuelos. Ello está en correspondencia con el escenario actual, pues a menudo vemos que si los padres van a trabajar al exterior, generalmente aquellos quedan a cargo del niño. Sin embargo, no tienen amparo legal para realizar ninguna acción con los nietos. Si les otorgamos el régimen de guarda y cuidado a esos abuelos, les facilitaríamos las acciones legales.

Otras de las cuestiones que incluirá la legislación es una ley de procedimiento procesal nueva, así como salas que juzguen los asuntos de familia, especialmente desvinculados del Derecho Civil. La legislación también recogería los principios elementales concernientes a la reproducción humana asistida, una cuestión que en Cuba no representa graves problemas por estar desligadas dichas técnicas de la comercialización.

En 2013, durante una conferencia de prensa a propósito de la celebración en el país del Día Mundial de la Salud Sexual, al referirse al nuevo Código, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, apuntó que la norma no propondría el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino el reconocimiento para las parejas homosexuales de los mismos amplios derechos que tiene en Cuba cualquier unión consensual heterosexual.

Además, ha señalado que, aunque “no se logró por ejemplo que el Código de Familia tratara los derechos por orientación sexual e identidad de género como era nuestra aspiración”, el trabajo desarrollado en las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, dedicadas a las familias, “contribuyó a concientizar a la población a todos los niveles, incluso de decisión, para que en un futuro se recojan estos temas no solo en el Código de Familia sino en el sistema jurídico cubano”.

Vale destacar que la protección jurídica del principio de igualdad y no discriminación y su inclusión en el Código de Trabajo en 2013 ha sido fundamental en la garantía de los derechos de personas históricamente discriminadas y expresión de los esfuerzos del Estado para garantizar más justicia y equidad social. El Partido, en los últimos cinco años, ha impulsado políticas específicas sobre el tema y ha reconocido el principio de no discriminación como elemento fundamental en el desarrollo social del país.

En una sociedad como la nuestra, en constante renovación y cambio, es necesario tomar muy en cuenta las reflexiones de Olga Mesa Castillo, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), cuando señaló en entrevista al diario Granma, que no será suficiente con adecuar e incorporar las novedosas figuras e instituciones surgidas en estas cuatro décadas de existencia de nuestro Código, sino que hay que hacerlo de cara al nuevo escenario social, con la dinámica demográfica de una nación del primer mundo, con una infraestructura económica de un país tercermundista, en desarrollo, y que a su vez tiene un marcado decrecimiento y envejecimiento poblacional y una evidente contracción de la fecundidad.