Complot contra la Revolución Sandinista

La grave situación política en Nicaragua, que estalló hace casi tres meses, se mantiene estancada debido al complot internacional contra el gobierno de Daniel Ortega, en el que juega un rol básico la Conferencia Episcopal que pretende, como la derecha, elecciones presidenciales adelantadas para, consideran, desestabilizar y derrocar la Revolución Sandinista.

Ello indica que, en medio de sus rezos para devolver la paz a la nación centroamericana, la más segura de la región hasta el pasado 18 de abril cuando estalló la violencia pagada por Estados Unidos, la Iglesia, más allá de su labor pastoral, ocupa importantes espacios políticos como mediadora y observadora en el hasta ahora fallido diálogo de paz con grupos opositores.

La Conferencia, al igual que los derechistas nicaragüenses, propuso al mandatario electo con el 72 % de los votos en 2016 realizar comicios anticipados (2021) para supuestamente acallar la violencia desatada por bandas de delincuentes como los Mara salvadoreños. La sugerencia fue desestimada.

La Iglesia pretende reducir la crisis política local a grupos opuestos a la política nacionalista y revolucionarios de Ortega. Pero conoce —porque tonta nunca fue— que en el país están operando bandoleros pagados por Estados Unidos bajo las órdenes de una oposición incapaz de ganar el gobierno en las urnas. Una parte de la cúpula eclesiástica es opuesta al gobierno sandinista y, por tanto, la estrategia parece ser el desgaste interno, en tanto busca un supuesto entendimiento entre las partes.

El Papa Francisco recibió en fecha reciente al cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes y al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quienes brindaron información detallada sobre lo que calificaron de “conflictividad”, precisaron medios internacionales de prensa.

Cerca de 200 personas murieron asesinadas hasta el pasado día 23 y otras centenares resultaron heridas en los ataques de los bandidos infiltrados primero en manifestaciones pacificas contra cambios en la Seguridad Social —decreto derogado de inmediato— pero que continuaron actuando en cumplimiento de órdenes de Washington y de elementos antisandinistas.

Una situación inconcebible en una nación soberana y en paz, con un presidente electo en las urnas, y que dirige un gobierno de Conciliación Nacional, en el que también participan jefes del catolicismo nicaragüense.

Detrás de la solicitud de la Conferencia Episcopal a Ortega se esconde, opinan observadores, el mismo interés que el de Estados Unidos: deshacerse del mandatario, derrocar su gobierno popular, el más próspero en el orden económico en Centroamérica, y volver a encarrillar al país en el camino neoliberal, la pobreza y la desigualdad social.

Nada nuevo bajo el sol imperialista que ahora bajo la dirección del controvertido presidente Donald Trump busca el reemplazo de los líderes progresistas y revolucionarios de Sur y Centroamérica.

Es decir, se trata de un golpe de Estado a Ortega orquestado bajo un pretexto banal, resuelto en horas, y que aprovecharon para llevar al país al caos, usando como vía de solución un diálogo nacional, interrumpido más de una vez, cuya finalidad es desestabilizar la nación, llevar el caso ante la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA) y declarar la intervención en Nicaragua, como han tratado de implementar infructuosamente en Venezuela.

Si alguien dudaba de que Trump y su régimen ultraderechista están manejando la crisis nicaragüense, la verdad se abrió paso con el periodista estadounidense independiente Max Blumenthal, quien presentó pruebas irrefutables para desenmascarar el complot contra Ortega, comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), respetado por su pueblo, que en las calles exige su permanencia como mandatario y el fin de la violencia.

Blumenthal hizo y publicó una investigación que demostró la intromisión injerencista de la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés), la que entregó recursos a grupos civiles nicaragüenses para que impulsaran el vandalismo con elementos foráneos.

En junio pasado, afirmó el periodista, el grupo opositor denominado M 19 viajó a Estados Unidos (EE.UU.) para solicitar “más apoyo” a los conocidos legisladores derechistas Ted Cruz y Marco Rubio, y la representante Ileana Ros-Lehtinen, impulsores de un bloque de inversiones a Nicaragua.

Un mes antes de esas reuniones con Cruz, Rubio y Ros-Lehtinen, la NED afirmó que entregó millones de dólares “sentando las bases para la insurrección en Nicaragua”, relata Blumenthal al referirse al artículo firmado en la web Global Americans por el director académico de la Escuela de Capacitación Internacional en Nicaragua, Benjamin Waddell.

La NED, afirmó Waddell, “ha gastado $ 4,1 millones en el país desde 2014”, para respaldar a 54 grupos que “deben tener mayor presencia en la política y sentar las bases para la insurrección”.

Según el análisis de Blumenthal, la NED intentó ocultar la identidad de sus “protegidos” pero, aseguró, “Hagamos Democracia” es el mayor receptor de fondos de la NED, con más de 525 000 dólares en subvenciones.

El reportero precisó que “el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Managua, cuyo presidente es Félix Maradiaga, recibió al menos 260 000 dólares de la NED”.

También la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés) una fachada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), precisó, destinó 5,2 millones de dólares solo este año para la insurrección en la llamada tierra de ríos y volcanes.

El terrorismo desatado afecta directamente la economía nacional, de crecimiento sostenido, y con un futuro promisorio luego de la entrada de inversiones chinas para construir el nuevo canal interoceánico, otro de los grandes temores de Trump y su pérdida de influencia en la región.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, cuestionó a sectores opositores dispuestos a dejar sin empleo a 250 000 jefes de familia, lo que significaría el paso de más de un millón de personas a la pobreza.

La pérdida de 60 000 empleos en el sector del servicio y el turismo podría empeorar, en tanto, recordó que bajo el gobierno sandinista la pobreza bajó del 48 al 24 % en los últimos ocho años y la extrema pobreza está en el 6,8 %, lo cual no podrá mantenerse con estos tambores injerencistas. 

Como resultado de la crisis, el Banco Central redujo su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,5 a uno por ciento este año.

Para el académico e intelectual Cairo Amador, de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, los bloqueos de vías importantes del país constituyen focos de delitos de diverso tipo. Los daños a bienes públicos, dijo, ascendieron hasta junio pasado a casi 90 000 dólares, en especial en la infraestructura vial y el sector de la salud. Además, denunció las afectaciones al patrimonio histórico en ciudades como Masaya, Granada, León y Matagalpa.

Mientras, embajadores de Centroamérica y El Caribe y miembros del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC) denunciaron el pasado día 3 ante la Presidencia y la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua la retención de más de 400 transportistas de carga usados como rehenes en el cierre de la carretera de Jinotepe, departamento de Carazo. Hay camioneros retenidos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá e, incluso, de Nicaragua.

En un pase a la ofensiva, en las últimas horas la Policía Nacional de Nicaragua desarticuló varios grupos vandálicos, informó el comisionado mayor Sergio Gutiérrez, jefe de ese cuerpo en la capital.

Los 147 individuos encarcelados están indicados como ladrones con intimidación, asesinatos, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. El arsenal ocupado contenía morteros de gran alcance, uniformes militares, drogas y grandes cantidades de dinero.

Gutiérrez confirmó que entre los presos está un ex pandillero hondureño llamado Wilmer Úbeda, quien integró la banda Mara 13.

En los operativos se incautaron 55 motocicletas, 11 automóviles y cuatro camionetas. Esos son los llamados “patriotas” nicaragüenses por la media hegemónica.