La gastronomía ensaya el arriendo

TropiCream, o Tripikín como todos la llaman, es una pequeña cafetería perdida en la medianía de unas de las calles del Vedado. Tras el mostrador, una desganada dependienta vende cigarros, tabacos y ron. “No hay mucho más”, dice con aburrimiento, pero el tono cambia cuando se le habla de la posibilidad de arrendar el local.

“Tal vez podamos mejorar la oferta y por supuesto eso aumentaría nuestros ingresos”, asegura cuando comenta el inicio hoy de un experimento que involucra a unos 200 locales de la gastronomía estatal en Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila.

Pero ella no tendrá que esperar mucho, pues las autoridades han dicho que ese sistema se aplicará a partir del próximo año en todo el país, en unas mil 200 instalaciones que tienen hasta cinco trabajadores.

Los documentos normativos, aprobados por los ministerios del Comercio Interior, Trabajo y Seguridad Social, y Finanzas y Precios, establecen que tienen prioridad para incorporarse al sistema los trabajadores contratados por tiempo indeterminado y quienes cumplen el servicio social.

Si alguno de los empleados actuales de los centros gastronómicos estatales no desean asumir el papel de “cuentapropistas”, podrán optar por desempeñarse como trabajadores contratados en el mismo lugar en el que trabajan.

Los nuevos “cuentapropistas” pagarán un impuesto sobre los Servicios Públicos, otro sobre ingresos personales y un tercero si contratan más de cinco empleados, con cuotas mínimas mensuales de 700 pesos para paladares y 400 pesos en cafeterías.

Esos negocios por el momento se abastecerán en el mercado minorista vigente y podrán comercializar además cigarros, tabacos y ron, mercancías que les serán vendidos a los arrendatarios por la empresa a precios minoristas, con un descuento, de manera que no suban los actuales precios de venta al consumidor.

Los contratos individuales, que regirán las relaciones entre estas personas y las empresas, podrán ser firmados por un término de hasta diez años, sin posibilidad de subarrendar a terceros y prorrogable por acuerdo entre las partes.

Quienes asuman la reparación de los locales serán eximidos del pago del arrendamiento por un periodo de hasta un año, facilidad que solo tendrá vigencia durante el primer año de labor, y por una sola vez.

Las nuevas regulaciones establecen que los gastos en mantenimiento y reparaciones, así como el pago por los servicios de electricidad, agua y telefonía, serán asumidos por los trabajadores según la tarifa residencial.

“La nueva forma de gestión no significa el despojo de los derechos del Estado sobre la propiedad de los inmuebles arrendados”, aseguró en una reciente rueda de prensa la viceministra de Comercio Interior, Ada Chávez.

La funcionaria  aclaró que se mantienen “los principios de carácter general para los modelos de gestión en marcha que contemplan esa propiedad, la de equipos y otros medios rentados, en manos del Estado socialista”.

La viceministra señaló que los trabajadores de esas instalaciones podrán optar por el arrendamiento y acogerse al trabajo por cuenta propia como elaboradores vendedores de alimentos y bebidas no alcohólicas al detalle en puntos fijos de venta (cafeterías) y como elaboradores vendedores de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico (restaurantes).

Esta medida, en primer lugar, permite al Estado liberarse de una carga económica que ha llegado a ser onerosa por diversas causas, que van desde la pérdida de recursos por robos hasta la desorganización.

También, y no menos importante, es la intención de reencontrar la fórmula de la calidad en la gastronomía, algo que, salvo honrosas excepciones, se hizo agua y sal en el área estatal.

Como se informó en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional también hay en marcha un experimento para constituir cooperativas no agropecuarias, otro modelo diferente pero que está llamado a ser igualmente exitoso.

Arrendar locales de la gastronomía, como ya se hizo con barberías y peluquerías, será desde este sábado otro paso en el largo camino que transita la sociedad cubana hacia la actualización del modelo económico, un modelo socialista que admite la multiplicidad de formas de gestión.