El Ejercicio Nacional de Enfrentamiento a violaciones de precios, realizado en todo el país del 21 al 23 de febrero, sirvió también para desarrollar acciones de control fiscal a formas de gestión tanto privadas como estatales.
Un informe del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) señala que fueron mil 85 las acciones ejecutadas, las cuales abarcaron a 885 trabajadores por cuenta propia, 28 Mipymes, 11 Proyectos de Desarrollo Local, 7 cooperativas agropecuarias, 108 entidades estatales y 72 de otros tipos, incluidos 3 importadoras y 242 negocios seleccionados.
Sin pretender atiborrar al lector con tantas cifras, vale destacar que eI importe de las deudas determinadas por infracciones o incumplimiento de las normas establecidas ascendió a 249 millones 40 mil pesos, y la mayoría de las deudas cobradas correspondieron a 711 contribuyentes.
Se presentaron expedientes por el presunto delito de evasión fiscal en La Habana, Matanzas, Camagüey y Guantánamo, y se radicaron denuncias en Cienfuegos y Guantánamo.
Otro dato significativo del informe del MFP subraya que hasta el 17 de febrero se encuentran abiertas el 98.3 por ciento de las cuentas bancarias fiscales, lo cual supera en 1.3 por ciento el indicador propuesto del 97 por ciento.
Pendientes sin abrirlas hay 8 mil 606 contribuyentes y las actividades con mayor atraso son el sector agropecuario, el trabajo por cuenta propia y los artistas.
También durante el Ejercicio Nacional de Enfrentamiento a violaciones se solicitó la baja de 784 contribuyentes, y se impusieron 174 multas por un importe de 6 millones 159 mil pesos, por incumplimiento de los deberes formales relacionados con la cuenta bancaria fiscal.
Por no abrirla o no operarla se ejecutaron 320 cierres temporales o definitivos de negocios o establecimientos, la mayoría identificados en las provincias de Artemisa, Cienfuegos y Sancti Spíritus, así como por deudas se procedió al embargo de 11 Mipymes.
Algunas reflexiones necesarias
Los resultados de la mencionada comprobación nacional reafirman que aún la evasión de impuestos sigue siendo un fenómeno en nuestro país, práctica que puede llegar a ser un delito penado por los tribunales.
Al decir de expertos, en el hecho delictivo la conducta es deliberada e intencional y, en ocasiones, reiterativa, con el claro objetivo de defraudar, omitiendo ingresos con la finalidad de pagar menos impuestos o falseando sus registros contables.
Son contribuyentes que mantienen parte de su patrimonio en dinero sin depositar en bancos, por encima del que necesitan en caja para el pago de operaciones menores; negocios o propiedades fuera del control de la administración tributaria para evadir el pago de los impuestos que establece la ley, o utilizan una doble contabilidad.
A su vez está la elusión fiscal consistente en usar prácticas legales para evitar o reducir el impuesto a pagar.
Entonces no por gusto desde enero de este año a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) se le otorgaron nuevas facultades, entre ellas, cerrar establecimientos y retirar autorizaciones a los contribuyentes que incurran en conductas de subdeclaración y evasión fiscal.
Dado que los impuestos resultan esenciales con vistas a financiar los gastos públicos y contribuir al crecimiento económico del país, se pretende librar en el 2026 un mayor y sistemático combate contra quienes intentan evadir el fisco.
Se han aprobado una serie de medidas las cuales están incluidas en el Programa de Gobierno para Avanzar en el Perfeccionamiento de la Gestión de la Administración Tributaria.
Entre estas se destacan varios decretos y resoluciones que introducen modificaciones importantes, como la regulación del uso obligatorio del Número de Identificación Tributaria (NIT) y el reconocimiento del domicilio fiscal digital, como una herramienta para acercar los servicios de la ONAT a los contribuyentes.
Las acciones de control están atemperadas a las condiciones actuales de la economía, y también permitirán ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal, avanzar en la estabilización macroeconómica y minimizar las brechas de elusión y conductas evasoras.
Gracias a ellas según explicó en la Mesa Redonda Mary Blanca Ortega Barredo, jefa nacional de la ONAT, en el 2025 se lograron superar los ingresos previstos en el Presupuesto del Estado.

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