Un año después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado

Este primer día de agosto se cumple un año de la desaparición forzada a manos de la gendarmería argentina del joven tatuador Santiago Maldonado, en medio del rechazo popular al decreto firmado por el derechista presidente Mauricio Macri, que permite sacar a las fuerzas armadas de nuevo a las calles.

Maldonado, de 28 años, fue apresado por la Gendarmería durante una protesta del pueblo mapuche Pu Lof, en la localidad de Cushamen, Chubut, al que expresaba su solidaridad cuando eran despojados de sus tierras para ser vendidas por el gobierno a empresarios extranjeros.

La movilización del pueblo para que devolvieran vivo al muchacho sacudió al país, que perdió a 30 000 de sus jóvenes desaparecidos durante la última dictadura militar. Pero el muchacho fue encontrado muerto 78 días después en las aguas del mismo río en cuya ribera varios testigos vieron cuando fue apresado y golpeado por miembros de la Gendarmería de Chubut.

Investigaciones independientes basadas en la autopsia original negaron que Maldonado estuviera sumergido allí desde su detención, sino que su cadáver fue “plantado”. Fue golpeado y sus captores esperaron que desaparecieran los hematomas, luego fue ahogado y puesto en las aguas para que fuera encontrado.

Ese caso de asesinato por represores uniformados no fue el único en 2017. Tres meses después, el 7 de noviembre, fue ultimado a balazos el joven mapuche Rafael Nahuel, de 21 años, a manos de las fuerzas especiales Albatros, al mando de la Prefectura Naval Argentina.  

La bala que mató a Nahuel era de nueve milímetros, similar a las usadas por Albatros. El suceso ocurrió cuando la Gendarmería Nacional desplegó un operativo de desalojo contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascarde, Bariloche.

La abogada de ese pueblo indígena, Natalia Araya, afirmó que no se trató de un allanamiento a una aldea “sino que es directamente una caza racista”.

A la muerte de estos dos se une la represión contra los activistas sociales, como la prisión sin causa comprobada de Milagro Sala, lideresa de la organización comunal Tupac Amaru, y otras decenas de personas.

MACRI QUIERE REPRIMIR CON LOS MILITARES

El presidente Macri, enredado en una crisis socio-económica y política generada por su fallido gobierno neoliberal, el reciente endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el repudio generalizado de un bien organizado frente popular en su contra, suscribió el decreto 683 que permite la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en seguridad interior.

Para implementar la regulación, el mandatario violó lo establecido en materia militar, como la Ley de Defensa de 1988, la de Seguridad Interna en 1991 y la de Inteligencia en 2001, que prohíben expresamente la participación de las FF.AA. en el orden interno.

En una encuesta de Ámbito Financiero, el 84,04 % de la población está en contra de la medida. Así lo demostró la concentración realizada el pasado día 26 por organismos de derechos humanos para recordarle al gobierno que aun están abiertas las heridas dejadas por el régimen militar (1976-1983).

El decreto 683 oficializa la reestructuración de las FF.AA. y la Defensa Nacional, tal como anunció el mandatario, líder de la derechista alianza Cambiemos, en un acto en el ex centro clandestino de detención del Campo de Mayo, ante los jefes de las instituciones armadas.

El texto, que llevó a una modificación de la ley 24 059 de Seguridad Interior, refiere que queda contemplado por esta regulación la “integración operativa de las FF.AA. en funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”.

Las FF.AA. de Argentina están socialmente desprestigiadas por su accionar ilegal, terrorista y genocida durante la dictadura, cuando apresaron, torturaron, mataron u obligaron al exilio a militantes revolucionarios.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) repudió la reforma impulsada por Macri y afirmó: “El gobierno que dijo que Santiago Maldonado estaba en Chile; el que respaldó a la Prefectura ante el asesinato de Rafael Nahuel; el que reprimió a trabajadores, legisladores y vecinos con cacerolas opuestos a la Reforma Previsional; el que reivindica la teoría del gatillo fácil; el que desde su asunción niega el genocidio y respalda la prisión domiciliaria de los asesinos, nos dice que lo más moderno es volver a habilitar a las FF.AA. para la represión interna, como en épocas de la dictadura”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Buenos Aires —que integra, entre otras personalidades, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel— rechazó la nueva doctrina de seguridad nacional: “En una sociedad con cada vez más pobres y desocupados ¿qué significa esta respuesta del gobierno? ¿En qué sociedad nos quiere convertir este gobierno?”, se pregunta el organismo y responde: “La seguridad del pueblo no son las FF.AA.; la seguridad debe ser social: salud, educación, vivienda y trabajo”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) —integrado por organizaciones judiciales, movimientos populares y sociales—, advirtieron que “con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo Macri busca expandir el rol de las FF.AA.”. Además, sostiene que “las nuevas amenazas construyen enemigos internos y aumentan la violencia”.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) estimó que al menos 10 000 efectivos serán movilizados hacia puntos estratégicos, como el territorio de Vaca Muerta, en Neuquén, santuario de grandes riquezas naturales del país.

Justamente, en la provincia de Neuquén Macri permitió la instalación de una de las nuevas cuatro bases militares de Estados Unidos en Argentina, con dinero aportado, según explicó, por el Comando Sur del país norteño.

El diario Página 12 afirmó que Macri, amigo personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “el propósito del Ejecutivo es incrementar los niveles de represión interna con falsos argumentos; trata de acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria existentes y las que vendrán recomendadas por los tecnócratas del FMI”.