Lawfare: confirman procesamiento de Cristina

Por: Rubén Armendáriz

La Cámara de Apelaciones ratificó el procesamiento por presunta “asociación ilícita” de la expresidenta y hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga supuestos sobornos registrados en fotocopias de cuadernos nunca hallados y en la que están involucrados varios empresarios, cuya figura penal fuer alivianada.

El fallo se dio a conocer cuando la figura de la expresidenta crece en las encuestas de intención de voto para las elecciones del año próximo. Pareciera que se aplica el mismo procedimiento que al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula de Silva, en prisión por una denuncia de corrupción no probada, para mantenerlo fuera de los comicios.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci marcaron una clara línea: los ex funcionarios -el ex ministro de Planificación Julio De Vido,  y Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Hernán Gómez, José María Olazagasti, Ezequiel García, José López y Walter Fagyas- quedaron acusados por integrar una “asociación ilícita”, mientras a los empresarios señalados se les redujo la figura a la de “cohecho”.

Con la decisión de la Cámara, el juez federal Claudio Bonadio –quien lleva las causas del macrismo- quedó en condiciones de insistir ante el Congreso de la Nación con el pedido de desafuero de la actual senadora nacional Cristina Kirchner.

Los empresarios no son corruptos

Asimismo, en el fallo se validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, se confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como “prueba válida” a las ocho fotocopias de los cuadernos de Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de la presunta asociación ilícita.

El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.

Centeno asentó en cuadernos escolares los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chofer asegura que quemó los originales.

El fallo firmado por los camaristas Bruglia y Bertucci llegó con un regalo navideño para los empresarios imputados por pagar coimas y sobornos, y cambió esa figura de “asociación ilícita” y la reemplazó por la de “cohecho”, un delito excarcelable. Solo dos empresarios también fueron señalados por asociación ilícita: Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería.

La Cámara aceptó la prueba de las fotocopias de cuadernos. “Los ocho cuadernos (…) son testimonio de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”.

El fallo beneficia a empresarios corruptores como Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, ex CEO de la empresa Iecsa, y heredero del grupo empresarial familiar; Aldo Roggio, dueño de Benitto Roggio e Hijos y de Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios, Luis Betnaza, director corporativo de Techint, la principal empresa constructora del país, Gabriel Romero, propietario del holding Emepa, Juan Chediack, dueño de la firma Chediack y expresidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Pescarmona, propietario de la Industria Metalúrgica Pescarmona S.A.

Bonadio consideró que los empresarios fueron parte de una maniobra para esquilmar dinero del Estado. A diferencia de los ruegos de los hombres de negocios para que los vean como simples víctimas de un esquema en el que no pusieron las reglas, el magistrado concluyó que las empresas fueron algo más que simples víctimas de los funcionarios. El juez consideró que las compañías fueron un elemento necesario para que el dinero público se convierta en privado a través de contratos.

El diario conservador La Nación señala que dos cosas se desprenden principalmente de la resolución de la Cámara. La primera es que la Justicia ha decidido que la expresidenta Cristina Kirchner pase las fiestas de fin de año presa, lo que no sucederá, porque la política la sostiene con brazos férreos. La libertad de Cristina ya no es un tema judicial sino legislativo.

La segunda es que pese a que gran parte de los empresarios pusieron su compañía al servicio de la coima, el sobreprecio y la cartelización, el tribunal consideró que son simples pagadores pero que no formaron parte de un sistema que se sirvió del Estado para enriquecerse. Alarmante, señala el comentario.