El golpe contra el sandinismo

El gobierno sandinista de Daniel Ortega no logra detener la violencia de la oposición interna, que dejó hasta ahora 176 muertos y miles de heridos, y aceptó que fueran invitados organismos internacionales para dar acompañamiento y asesoría técnica al fracasado diálogo de paz, mientras algunos analistas advierten la posibilidad de una intervención humanitaria.

Luego de la interrupción en dos ocasiones del diálogo de paz, mediado por la Conferencia Episcopal, de fuerte ascendencia en Nicaragua, Ortega invitó a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea para acompañar las conversaciones internas y asesoría técnica para esclarecer los actos terroristas surgidos desde el pasado 18 de abril.

En esa fecha, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social publicó un decreto ejecutivo que orientaba cambios en el sistema de pensiones, lo que fue rechazado en manifestaciones pacíficas, previstas en la Constitución Nacional. Sin embargo, lo que debió terminar rápidamente con la derogación oficial del documento no detuvo a los elementos antisociales infiltrados entonces, pagados por la oposición contrarrevolucionaria para crear el caos social en importantes ciudades, como Managua, Masaya y Jinotepe.

En Jinotepe, este miércoles, los delincuentes secuestraron dos camiones cisternas de combustible, amenazando con hacerlos estallar y creando el terror en la población inocente, informó la Coordinación del Consejo de Comisión y Ciudadanía.

La cúpula empresarial nicaragüense y los intereses de factores externos, léase Estados Unidos, están detrás de la desestabilización y la agenda golpista. En su artículo “¿Qué pasa en Nicaragua?”, el director de la revista Correo, Jorge Capelán, explicó: “Lo que tiene lugar allí no es una insurrección popular sino una operación de cambio de régimen” y para lograrlo grupos de extrema derecha apoyada por bandas criminales tienen secuestrada a la población con carreteras bloqueadas, cobro de peajes para moverse, ataques con bombas y armas de fuego contra instituciones públicas y privadas.

En un nuevo intento por normalizar la situación interna, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz nicaragüense cursó las invitaciones que establecerían un canal de comunicación permanente con los organismos internacionales. El Comisionado Cairo Amador precisó que el presidente Ortega estuvo de acuerdo y oficializó el convite, y se esperan ahora las respuestas oficiales. Ese órgano mantuvo su condena a los desmanes de la ultraderecha, y denunció a las ciudadanas Rachel Gaitán y Rachel Arvizu Moreno, quienes promueven, dijo, tales actos y entregan logística (alimentos, albergue y suministros bélicos) a las bandas de delincuentes.

Varios analistas internacionales coinciden en que la presencia de las organizaciones internacionales —en especial la OEA, aliada de Estados Unidos, un enemigo declarado de la Revolución Sandinista— podría empeorar la situación interna, ya que la oposición exige la renuncia del presidente y su vice, Rosario Murillo, para detener las acciones vandálicas. Si la OEA determinase, como ha querido hacer por ejemplo en Venezuela, que existe una crisis humanitaria que el gobierno no puede controlar, de inmediato pedirá la aplicación de la Carta Democrática que permite la intervención de militares de sus países miembros para, supuestamente, restaurar la paz. 

Esa es una de las lecturas de lo que podría suceder en la nación centroamericana, cuyo pueblo por amplia mayoría ha reelecto en tres ocasiones consecutivas a Ortega debido a la fundamental mejoría para la vida de los sectores nicas más vulnerables. Sobre la mesa están también los intentos de la Casa Blanca por eliminar al gobierno de mayoría del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con sanciones aprobadas por su Congreso por supuestas “violaciones a los derechos humanos y retroceso de la democracia en Nicaragua”, en 2017. La ley impulsada por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, junto a su colega demócrata Albio Sires, llamada Nicaraguan Investment Conditionality (Act-Nic) condiciona la entrega de financiamiento a esa nación, de mantenerse lo que la Casa Blanca considera “retroceso democrático”.

La población pobre nicaragüense, que es mayoría, reeligió al presidente y comandante sandinista con más del 72 % de los votos, en reciprocidad por el trabajo consecuente, de inclusión social, y porque con su gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional logró la paz interna del país. La alianza gubernamental —conformada por empresarios, sindicatos, movimientos sociales, la Iglesia Católica, entre otros— permite el desarrollo sostenido y la puesta en marcha de planes económicos en asociación con potencias como China, y garantizan la educación y la salud gratuitas, la creación de empleos y otros temas de seguridad alimentaria y protección a la ciudadanía.

Nicaragua es también, bajo el mandato del sandinismo, el país más seguro de Centroamérica, donde rige la ley del narcotráfico y el paramilitarismo, flagelos que allí son castigados por la justicia. Pero Estados Unidos, que quiere reconquistar Centro y Suramérica con el derrocamiento de los gobiernos progresistas de esas regiones, tiene en la mira a la Revolución Sandinista.

El pasado día 30, miles de madres nicaragüenses marcharon en apoyo a la paz y en rechazo a los asesinatos, lo que desmiente la propaganda de los medios hegemónicos que divulgan una supuesta insurrección popular contra el gobierno, cuando se trata, por el contrario, de la resistencia de los sandinistas y no sandinistas contra un proyecto diseñado por y para las élites financieras y poderosos sectores norteamericanos y de la Unión Europea.También, el miércoles anterior, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) aprobó una Propuesta de Resolución Única para el restablecimiento y defensa de la Paz y Estabilidad, durante un congreso extraordinario realizado en la Casa José Benito Escobar.

El FNT ratificó que sus confederaciones, sindicatos y trabajadores se movilizarán en defensa del gobierno y de Ortega y de las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años. El secretario general del FNT, el doctor Gustavo Porras, afirmó: “Vamos a organizarnos para defender la paz, nuestros centros de trabajo, barrios, caseríos, comunidades, nuestras familias, medidas que se tomarán ante el intento en contra del sandinismo”. “Les estamos diciendo a nuestro Comandante Daniel —especificó— que ordene, que aquí están los trabajadores y los sindicatos listos para defender la paz y la revolución en cualquier campo”.