El derecho a decidir se impuso en Argentina

La noticia de la aprobación por el Congreso de la Argentina de un proyecto de ley que despenaliza el aborto, ha recorrido el mundo. El acontecimiento pudiera parecer incomprensible y hasta producir interrogantes en lectores de otras latitudes, al tratarse de un país con una tradición cultural y un desarrollo económico y social que siempre ha apuntado hacia la vieja Europa, pero el hecho cierto es que el factor religioso ha imperado con fuerza desde siempre y ha tenido el respaldo legal para sancionar penalmente a las mujeres que practicaran la interrupción ilegal de su embarazo.

Aún cuando el órgano legislativo lo aprobó, fue por un muy estrecho margen y por la compulsión de la batalla en las calles de todos los que se oponían a que siguiera siendo ilegal. Una votación de 129 a favor por 125 en contra y una abstención, es el reflejo de una sociedad intransigente ante un fenómeno social que el mundo civilizado acepta como natural y la salud pública incorpora en sus planes.

Tal vez el resultado de esta votación, en opinión de este analista, fue más celebrado que si la selección de futbol de la Argentina hubiera anotado un gol en la final del Mundial de fútbol que tiene lugar en estos días y que paraliza al país austral. Así de significativa puede calificarse la aprobación de este proyecto. El Congreso ha dado un primer paso que puede calificarse de histórico para ofrecer una cobertura legal a la interrupción de un embarazo no deseado antes de las 14 semanas de gestación.

El aborto es ilegal en la Argentina, excepto si se demuestra que la madre corre peligro para su vida o es el resultado de una violación. Esta legislación vigente desde 1921, contempla condenas de uno a cuatro años para las mujeres que se sometan a las prácticas de interrupción del embarazo.

Desde mediados del siglo pasado hasta acá, se ha presentado al Congreso en siete ocasiones un proyecto de ley similar, pero ahora por primera vez en once años se promueve un debate en la Cámara de Diputados, que arroja esa votación.

Bajo la presidencia de Cristina Fernández, Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio homosexual en el año 2010 y lograr una ley de identidad de género en el 2012, pero nunca estuvo de acuerdo en presentar la despenalización del aborto.

Su sucesor, Mauricio Macri, también ha sido un franco opositor a abolir la ley prohibitiva. Sin embargo, el hábil político se sumó al tren de respaldo para promover el proyecto de ley en el Congreso Nacional, para así desviar la atención de los graves problemas en la incierta situación de la economía y movido por una impresionante presión social que ha movilizado a amplios y heterogéneos sectores de la sociedad.

La realidad de lo que ocurre allí es alarmante en el cuadro de salud: unas 50 mil mujeres son ingresadas cada año en centros hospitalarios por causas derivadas de los abortos y alrededor de un centenar muere, según publican por estos días medios alternativos que promueven la abolición de tan nefasta práctica ilegal.

La discusión y aprobación --aunque bien cerrada--, muestra la fractura política y social del espectro de partidos, que se revelaron divididos y desconcertados, excepto la izquierda que plantó cara de manera unánime a que el Congreso discutiera el proyecto.

Es en el año 2003 cuando nace y se desarrolla un movimiento espontáneo de mujeres que se levantó a todo lo largo del país austral para defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde entonces, las multitudinarias manifestaciones se llevaron a cabo bajo la consigna “el derecho a decidir” y su crecimiento permitió ganar batallas por la igualdad de género. El contexto político creado a partir del 2015, permitió que pudiera encausarse y ganar un lobby que allanara el camino para llevar nuevamente al Congreso el ansiado proyecto, muy a pesar de la oposición de la iglesia católica local.

Este proyecto que acaba de ser aprobado en el Congreso de diputados y que deberá llegar al Senado para convertirse en ley, ha sido promovido por una Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, una organización creada en 2015. De refrendarse en ley, convertiría a la Argentina en el país más avanzado de Sudamérica en la legislación sobre el aborto.

No podía ocultar el gobierno de un país democrático como Argentina que sus ciudadanos sin distinción de sexo o posición social se movilizaran en gigantescas oleadas para escrutar con ansiedad la discusión congresional y celebraran después el primer paso hacia una ley que legalice esa práctica médica.