Eje maldito contra Venezuela

Las pruebas irrefutables presentadas por el gobierno venezolano sitúan a las ciudades de Caracas, Bogotá y Miami como centros operacionales del reciente intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y revelan planes de instalación de un régimen de transición apoyado por Estados Unidos (EE. UU).

Según avanzan las investigaciones, las autoridades del país suramericano muestran evidencias sobre los autores y ejecutores del fallido atentado contra Maduro el pasado día 4, durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GMB) en la Avenida Bolívar de Caracas.

Para tratar de asesinar al mandatario y a importantes jefes de la dirección cívico-militar nacional, fueron empleados drones cargados de explosivos C-4 y manejados por control remoto desde Miami. Uno explotó a pocos metros de la tarima presidencial y el otro en un edificio cercano, tras ser desviados por inhibidores de señales activados por militares venezolanos.

El interés de los terroristas, que recibirían cada uno 50 000 dólares, era desarticular la dirección revolucionaria, pues con Maduro caerían, entre otros, el jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general Vladimir Padrino, sus oficiales, ministros y otras figuras políticas de alto nivel.

Como se suponía, la criminal acción resulta silenciada por las grandes cadenas que dirigen la mayoría de los medios de comunicación a nivel mundial, las cuales en ocasiones se refieren al tema como un “montaje” político.

Siete militares resultaron heridos por la explosión próxima a la tarima.

Este lunes, las fuerzas revolucionarias se movilizarán en apoyo al gobierno revolucionario y su presidente, bajo el lema “La Patria llama a la calle”.

La marcha convocada por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tomará la Gran Caracas a partir de su salida desde el Muro de Petare, en el Estado de Miranda, el que devendrá, se espera, otro de los masivos actos de reafirmación revolucionaria efectuados en los últimos días.

RESULTADOS EN HORAS

En una casi inmediata alocución al pueblo, el ileso presidente habló desde el Palacio de Miraflores. Ya en ese momento poseía información sobre la presunta complicidad en los hechos del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y opositores venezolanos residentes en Colombia y en la ciudad estadounidense de Miami.

Santos sobresalió, hasta su entrega de mandato este mes, como líder del llamado Grupo de Lima, formación de regímenes de derecha que fracasaron varias veces en sus acusaciones sin fundamento contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) —ya ese país solicitó su salida por voluntad propia—, la fachada de EE.UU. para sus maniobras intervencionistas.

Desde Miami llegaron señales de un presunto testigo de los preparativos. Los pormenores procedieron del derechista periodista peruano Jaime Bayly, conductor de un programa televisivo. Este individuo asistió, dijo ante las cámaras, “a una reunión en la que se planificó la muerte del presidente” en Miami.

“El sábado vamos a matar a Maduro”, le aseguró un participante, a lo que Bayly respondió: “Hágale”, expresó en su emisión del lunes 6, unas 48 horas después del suceso, tras confesar que incluso se ofreció a comprarles a los mercenarios un tercer dron para garantizar la acción.

Este peruano de extraña apariencia radicado en EE. UU. aseguró que “habrá más ataques contra Maduro, pues mis amigos son gente bastante competente (…) van a venir más”; y especificó que el gobierno de Donald Trump “apoya a los grupos rebeldes en Venezuela con ayuda logística y tecnológica”.

Las declaraciones de Bayly verifican la información recopilada por los servicios de inteligencia de la nación suramericana: que en EE. UU. existe una conspiración latente; la administración de Trump financia a los ejecutores de acciones violentas en Venezuela; y periodistas conservadores conocen los planes conspirativos y participan en ellos.

Ese vocero contrarrevolucionario, en busca de mayor audiencia, transmitió el día 9 otras novedades sobre el complot en el que participaron —aseguró— gente de Miami y de Colombia, además de nacionales. Mientras, en Caracas, existía dominio absoluto sobre los movimientos de los involucrados, algunos detenidos horas después del fallido magnicidio.

Bayly verificó identidades ya conocidas: los exdiputados venezolanos Juan Requesens, detenido en Caracas, y Julio Andrés Borges, asilado en Colombia, participaron en el atentado ordenado por Santos y financiado, precisó, por empresarios venezolanos residentes en Miami.

Borges, según confesó Requesens, del partido Primero Justicia y residente en Caracas, le solicitó se comunicara con el funcionario colombiano Mauricio Jiménez, a fin de facilitarle al coordinador de la operación terrorista, Juan Carlos Monasterio (alias Bons) —arrestado 72 horas después de la violenta acción—, el paso por la frontera hacia Colombia para retornar después con los drones desarmados. En el primer trimestre de este año, Monasterio entrenó en Colombia a un grupo de jóvenes opositores venezolanos, lo que también hizo en 2017.

El exdiputado Borges se reunió en Bogotá con Santos, y después contactó con Mauricio Jiménez, encargado del movimiento entre fronteras de los complotados.

A una semana de los acontecimientos, Maduro reveló que políticos del patio pensaban instalar un gobierno de transición si el magnicidio prosperaba —de acuerdo con las investigaciones en curso—; el que progresivamente sería aceptado por el Grupo de Lima y el gobierno estadounidense. Hasta el momento hay 23 identificados en la violenta acción, de ellos 10 presos y 13 con órdenes de captura.

Durante un encuentro con 700 generales y almirantes de la FANB de las promociones de 1986 a 1993, Maduro opinó que “no es parte de la cultura política venezolana la violencia terrorista, el atentado personal, ni el magnicidio”, informó la agencia local de noticias AVN.

También en reciente conferencia de prensa, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, mostró un video en el que aparece Requesens acusando a Borges de ser el autor intelectual del abortado asesinato.

El exdiputado fue detenido el pasado día 7 tras ser señalado como conspirador por Monasterio, detenido en flagrancia en Caracas.

Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, afirmó: “Está claramente establecida la responsabilidad del extinto gobierno de Colombia”.

El vicepresidente invitó a Washington a que demuestre su inocencia y a que rechace de manera contundente los actos terroristas como lo hizo —precisó— ante los sucesos de este tipo suscitados en Europa o en su propio territorio.

El gobierno venezolano calificó de deplorable el comunicado de la Unión Europea que protege a los terroristas y solicitó a las autoridades de Perú a entregar a los criminales que viajaron a ese país luego del fracaso del plan opositor.