Bolivia enfrentará meses difíciles ante próximas elecciones presidenciales

Bolivia, la nación andina que este mes celebró el 193 aniversario de su fundación como República, muestra hoy al mundo indicadores económicos y sociales sin comparación en América Latina, gobernada por su primer presidente indígena, Evo Morales, quien bajo nuevas amenazas de desestabilización pretende repostularse en 2019.

Hace 12 años, cuando Morales asumió el gobierno, Bolivia ocupaba el segundo lugar en pobreza en la región, solo superado por Haití. El ex líder cocalero introdujo desde su primer mandato en 2006 una inteligente política económica, cuyo eje central marcha en torno a la nacionalización de los hidrocarburos y la mejora en la calidad de vida de la población, que lo respalda hoy con un 60 % en las ciudades y un mayor porcentaje en las zonas campesinas.

La ancestral sabiduría de este líder sindical cocalero, acompañado por un equipo gubernamental que expresó en leyes nacionalistas sus razones históricas, permitió también la reestructuración integral del país mediante la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que redactó una nueva Carta Magna en defensa de los intereses nacionales y centro de los grandes progresos obtenidos en la última década.

Las cifras millonarias de dinero que antes salían al exterior a manos de las trasnacionales se quedan ahora en el país y fomentan una sólida macroeconomía, revertida en la igualdad en la distribución de la renta.

A casi dos siglos de la liberación de la corona española, nuevos peligros acechan a Bolivia, de nuevo procedentes de Estados Unidos, un país imperialista que intenta, y lo logró con algún éxito, entregar a la derecha internacional países que tuvieron o mantienen sistemas progresistas surgidos luego de la victoria del líder venezolano Hugo Chávez en 1999.

En dos ocasiones y sin éxito, la clase adinerada boliviana ha intentado derrocar el proceso socialista, siempre dirigida por Washington. El fracaso de ambas estuvo en las grandes movilizaciones populares que defienden a Morales y la nueva vida, escudada por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Ahora se acerca, según permiten vislumbrar ciertos movimientos de EE. UU. y sus aliados regionales, una tercera etapa compleja para la dirigencia nacional. .Dejar ahora el país en manos de otras autoridades —véase el ejemplo de Ecuador— sería un disparate político, pues los conservadores solo esperan el instante preciso para reubicarse en el poder.

El 3 de febrero próximo serán las elecciones, que llegan precedidas por un referendo hecho el 21 de febrero de 2016 a solicitud de los movimientos sociales. El propósito era un cambio en el artículo 168 de la Carta Magna, lo que permitiría al binomio Morales y su vice, el intelectual y político Álvaro García Linera, entrar en otra liza por la presidencia.

Luego de una arrolladora victoria electoral, el antiguo líder sindical debió someterse de nuevo a las urnas por mandato de la ANC. Resultó reelecto en el 2009 y volvió a ganar en el 2014.

En las semanas previas a la consulta hubo un repunte de desestabilización, a causa del llamado Plan Estratégico para Bolivia, elaborado por uno de los institutos de fachada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el cual fue difundido en La Paz, la capital, según informó entonces la agencia noticiosa Prensa Latina.

Al unísono, los medios conservadores lanzaron una frenética campaña de desprestigio del ex líder sindical sobre su vida privada, luego desmentidas. De inmediato el gobierno denunció una conspiración político-mediática activada por EE. UU. esta vez “a través de Carlos Valverde —ex director nacional de inteligencia del gobierno de Ezequiel Paz Zamora (1989-1993) y una fuente de consulta permanente de Washington”, confirmó la plataforma digital WikiLeaks.

El objetivo era romper el vínculo emocional de un alto porcentaje de la población con su líder. Aquel negativo resultado, respetado por el oficialismo, pronto se derrumbó ante las solicitudes de seguidores del presidente y su vice para rectificar el voto.

Tras analizar un recurso de “inconstitucionalidad abstracto” presentado ante el Tribunal Supremo Boliviano (TSB) por miembros del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y para embarazo de los opositores, ese órgano declaró inconstitucionales cinco artículos de la ley electoral local que hacen referencia a la reelección de manera continua solo una vez.

NUEVO PELIGRO ACECHA A BOLIVIA

Hoy, el popular mandatario podría enfrentar una nueva patraña desestabilizadora orquestada en EE. UU. La oposición interna quiso empañar las celebraciones por el Día de la Independencia y la imagen del país en el exterior cuando algunos militares irresponsables —así los llamó el dignatario— “perdieron” la medalla de la banda presidencial bajo su custodia, la cual fue recuperada en menos de 24 horas.

Pero el presidente, como está estipulado, no portó el emblemático símbolo en los festejos efectuados en Potosí, un incidente que algunos analistas consideran fue pagado y aprovechado por los partidos de oposición para desprestigiar a la Fuerza Armada por “desorganizada e irresponsable”, según reflejó la prensa nacional.

Ahora el pretexto para bloquear el proyecto de continuidad político-electoral boliviano e interrumpir el proceso de cambio es el boicot electoral que la Casa Blanca pretende imponer por distintos medios y actores internos. Para Washington queda claro que los opositores locales nunca se harán de la presidencia en las urnas; por tanto, organizan un plan intervencionista de graves consecuencias, si llegara a consumarse.

Ya en el período 2006-2009, la Casa Blanca fracasó en el fomento de planes de división territorial utilizando a su embajada en La Paz y movilizando a la CIA y la Administración para el Control de Drogas​ (DEA).

El segundo intento ocurrió entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, con la conspiración política para hacerlo salir del gobierno mediante el referendo.

Empecinado, EE. UU. quiere utilizar ahora los resultados de la consulta, ya invalidados oficialmente, y rechaza la anunciada postulación de Morales.

A fines de noviembre del pasado año, el gobierno del ultraderechista Donald Trump y la congresista republicana Ileana Ros Lehtinen se pronunciaron contra la sentencia del Tribunal Supremo. De igual manera lo hizo el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, un activo títere de la Casa Blanca contra los gobiernos progresistas latinoamericanos, en especial contra Venezuela.

La idea es estructurar un frente internacional injerencista mediante la OEA y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para impedir la celebración de los comicios, o al menos impedir la presentación de Morales.

Almagro, en nombre de la OEA, pidió un informe por parte de la Comisión de Viena, donde se afirma que la reelección no es un derecho humano, una de las bases para tratar de boicotear al mandatario. “El pueblo de Bolivia ha hablado claro. Estados Unidos les apoya e insta al actual Gobierno de Bolivia a que respete el resultado de ese referendo”, dijo textualmente en un comunicado reciente la administración de Donald Trump.

En iguales términos se pronunció Ros-Lehtinen el pasado 21 de julio, quien solicitó a EE. UU. “no quedarse callado”, según un artículo publicado en el sitio Cubadebate.

Desde ahora y hasta los comicios, Bolivia será atacada desde distintos flancos por los conservadores estadounidenses con el apoyo de sus aliados latinoamericanos. Serán meses difíciles, pero los pueblos indígenas y sus dirigentes están acostumbrados a los arrebatos de sus enemigos, siempre pensando en apoderarse de las riquezas nacionales, sin importarles lo que hasta hace 12 años atrás era Bolivia.