De contrataciones agropecuarias y disponibilidad de alimentos

¿Cómo se realiza actualmente el proceso de contratación agrícola? ¿Qué opinan los campesinos de los precios? ¿Es un sistema rígido e inflexible? ¿Persisten los impagos a los productores o es un tema del pasado?

Sobre estas y otras cuestiones se habló el  domingo 19 de mayo en el programa televisivo Cuadrando la caja, del canal Caribe, por representantes del Ministerio de la Agricultura y de su Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria, así como por el presidente de una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) de Artemisa.

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Dada la relevancia del asunto, de cuánto impacta en la disponibilidad de alimentos para la población y el país, en evitar se desvíen producciones hacia el mercado informal y en garantizar la permanencia de la fuerza laboral en el campo, entre otros fenómenos, desde hace  mucho tiempo y en no pocos lugares se lucha contra posibles distorsiones y los incumplimientos de legislaciones y normativas.

DE UN BUEN CONTRATO DEPENDE EL EXITO DE UNA GESTIÓN ECONÓMICA
El contrato es el medio para materializar, por ejemplo, la adquisición de materias primas e insumos necesarios con vistas a producir y prestar un servicio, y de su buen diseño depende, en gran medida, el éxito de la gestión económica de las entidades.

En tal sentido, si importante es su proceso de concertación, en correspondencia con el objeto social de esa empresa, productor individual o cooperativa, también lo constituye asegurar su cumplimiento.

De manera que un contrato entraña un deber y supone – y exige – una capacidad para gestionar todos los recursos necesarios que hagan posible el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

De tales principios o preceptos se habla en el Decreto Ley No. 304 De la Contratación Económica, con fecha 1ro de noviembre de 2012 y adoptado por el Ministerio de Justicia.

Como también existe el Decreto Ley número 35 (DL/35), del Consejo de Ministros, sobre la  comercialización de productos agropecuarios, aprobado el 5 de junio del 2021 y que establece las regulaciones y ordena dicho proceso – con carácter mayorista o minorista –, además de incentivar el incremento de la producción de alimentos.

En Cuadrando la Caja María Isabel Leyva Moya, directora de Comercialización del Minag, recordó la existencia de esa legislación, en un contexto bien complejo caracterizado por una significativa emigración del campo a la ciudad, el envejecimiento de la población y por el déficit de  fuerza de trabajo, sin olvidar el asunto del incremento de los precios y de la inflación.

En opinión de Pablo Orlando Pérez Guzmán, presidente de la CCS Frank País en Artemisa, el contrato no es una camisa de fuerza por ser el documento más importante que puede tener una cooperativa en el caso de ellos, y éste se discute en el seno de la junta directiva.

Señala que cada campesino puede contratar con la cooperativa todo lo que va a producir o a sembrar, y entonces se está en la obligación de prepararse y hacer ese proceso en presencia del abogado, máxime cuando hay empresas que quieren hacer un contrato leonino, opina.

En un escenario agrícola carente de insumos y de combustibles, de aumento desmedido de  los precios, de dificultades con el transporte, de existencia de impagos fuera de términos a cooperativas y productores y una prolongada sequía, el asunto de las contrataciones agropecuarias -y de la comercialización- adquiere mayor relevancia.

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De ahí la necesidad de incrementar acciones en la negociación, que fortalezcan por igual a las partes, y teniendo en cuenta las actuales complejidades de la economía cubana y la sociedad.

De  acuerdo con Ramón Maykel Pérez Rodríguez, presidente del Grupo Agroalimentario, hay un trabajo conjunto entre los ministerios de la Agricultura y de Justicia y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en materia de contratación, de revisión de este proceso.

LOS COMITES DE CONTRATACIÓN A NIVEL DE MUNICIPIOS
Si anteriormente se contrataba de productor a productor, en la actualidad el contrato se hace con la forma productiva que tiene la responsabilidad de ayudar a ese campesino o usufructuario, de visitarlos y de comprometerse en apoyarlos en la solución de muchos de sus problemas.

El contrato, se recalcó en Cuadrando la caja, no es una camisa de fuerza, es un acuerdo de voluntades entre las partes (personas jurídicas o naturales) con el objeto de un bien común, que responde a los intereses del Estado.

Una premisa fundamental para garantizar un sistema de contratación y comercialización eficiente es el establecimiento de un sistema productivo y de comercialización local, para lo cual se requiere de la participación conjunta del sector empresarial, el sector cooperativo y las formas de gestión no estatal bajo la dirección del Gobierno municipal.

Para que el proceso de contratación cumpla sus objetivos y las cifras que se registren tengan respaldos productivos, una resolución del Minag establece que es de obligatorio cumplimiento registrar las siembras que se asocian a cada producto contratado en el Sistema Informático de Planificación Agropecuaria (SIPA)."

Valdría entonces conocer cómo desde su creación hace tres años, a partir de la aprobación del Decreto Ley número 35, del Consejo de Ministros, sobre la comercialización de productos agropecuarios, han trabajado los llamados Comités de Contratación en los municipios.

Los encabezan los intendentes y están integrados por las delegaciones de la Agricultura, las empresas, las cooperativas, los productores agropecuarios, representantes de las entidades a los cuales se destinan las producciones y cualquier otro, según proceda.

Entre sus funciones están:
−Evaluar el nivel de actividad de la producción agropecuaria a partir de las posibilidades del territorio.
−Analizar las demandas de los destinos de la producción a partir de los intereses del Estado y prioridades de los balances.
−Elaborar el balance de los productos agrícolas a su nivel, estableciendo los ratificados de producción para el próximo mes y el estimado de la comercialización para los dos meses subsiguientes en la actividad acopiadora.
−Concertar para su territorio los precios de acopio mayoristas y minoristas y los precios por acuerdo aplicables a los productos agropecuarios que no tengan precios centralizados, de conformidad con los márgenes comerciales establecidos.
−Establecer los destinos de los productos que no puedan ser adquiridos por las formas de gestión que inicialmente los contrataron.

LOS CONTRATOS AGROPECUARIOS BAJO LA MIRADA DE LA DIRECCIÓN DEL PAÍS
En sus habituales recorridos por las comunidades rurales o municipios Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, e Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, suelen comprobar cómo se chequea, controla o exige el cumplimiento de los contratos agropecuarios.

Ellos se interesan por las atenciones a los reclamos de las formas productivas, por el pago a tiempo a ellas o las deudas aún pendientes, y cómo  el proceso de bancarización ayuda a eliminar distorsiones o atrasos en este asunto.

Desde marzo se realiza en el país una  investigación especial al ganado mayor, a fin de actualizar el registro pecuario, y luego, en una segunda etapa, se efectuará un cambio de Certificado de Propiedad a todos los tenentes naturales y jurídicos.

Tal proceso ha contribuido a un mayor conocimiento de las leyes por las formas productivas, a la identificación de ilegalidades, a fortalecer la unidad de los colectivos y el control, con el propósito de elevar los niveles de contratación y de producciones.

Ante un escenario financiero y de limitaciones de recursos cada vez más complejo, por ejemplo, el  sistema de la Agricultura en la provincia de Sancti Spíritus priorizó el proceso de contratación de 2024 para llegar al mayor número de productores y que todos tengan responsabilidad en las entregas a los diferentes destinos.
Juan José Nazco González, delegado del sector en un territorio con un peso importante en los granos o la leche, reconoció el difícil contexto en el que se ha desenvuelto el país en los últimos años y, en medio de esas tensiones, acotó, la entrada de recursos ha sido casi nula.

De ahí, acentuó, la urgencia de aterrizar los planes campesino a campesino, de manera objetiva con lo que tengan en la mano, pero sin dejar los aportes a la espontaneidad.

En la rama agrícola, dijo, hemos potenciado en la contratación los cultivos rústicos, aquellos que menos exigencia tienen de fertilizantes y plaguicidas, pero estamos trabajando, a su vez, con esos lugares donde se obtienen mejores rendimientos.

La fuerza de trabajo también ha escaseado y los jornales son muy altos, apuntó el delegado espirituano, quien reiteró la necesidad de incentivar aún más los colectivos laborales pues la práctica ha demostrado que se gana en sentido de pertenencia y, por ende, en salario, producción y control.

Lo cierto es que una contratación eficiente y eficaz impacta mucho en que se disponga de más alimentos, en beneficio del pueblo y de la economía, pero ante no pocos problemas, dificultades y distorsiones en el sistema de la agricultura hay que seguir batallando y buscando soluciones o alternativas.