Con el pie en el acelerador

En los cuatro meses finales de 2012, Cuba vivió una aceleración del proceso de actualización del modelo con la aprobación de varias decisiones que tuvieron un alto impacto en la vida social y económica de la nación.

En septiembre, el gobierno, que busca revitalizar la producción agropecuaria, aprobó un paquete de medidas para darle mayor autonomía a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), un tipo de cooperativas muy extendidas en la Isla.

Las 17 medidas, aprobadas por el Consejo de Ministros, benefician el funcionamiento de las UBPC, cuyo “carácter no estatal” también fue ratificado por el gobierno, creador de esas entidades agrícolas en 1993, cuando la crisis económica se hacía sentir con más fuerza en Cuba y se necesitaban esfuerzos urgentes por elevar los niveles de producción de alimentos que garantizaran la supervivencia de la población.

Sin embargo, esas formas de gestión, en las que el Estado puso la tierra en usufructo para que un grupo de personas constituyeran una unidad productiva, nacieron con una autonomía formal, pues las empresas estatales les imponían planes, estructuras y hasta dirigentes.

Vistas como subordinadas de las empresas estatales agrícolas y no como cooperativas, durante casi 20 años las UBPC estuvieron atadas de pies y manos y ni siquiera podían firmar contratos con otras entidades estatales, lo que frenó su desarrollo productivo y generó deudas bancarias y empresariales.

Esas unidades llegaron a ser la principal forma cooperativa del país, con más de dos mil 500 constituidas en 1994 y poseedoras de casi la tercera parte del área cultivable, pero hoy tienen el mayor nivel de tierras ociosas con más del 20 por ciento.

De acuerdo con lo estipulado, ahora las UBPC tendrán mayor autonomía y el control será ejercido solo por los órganos con esas facultades, mientras que las empresas estatales a las que están vinculadas únicamente fiscalizarán las normas técnicas en la producción contratada.

Con la misma intención de elevar la producción agrícola, en octubre se aprobó el Decreto Ley 300, que entró en vigor en diciembre, para aflojar las reglas de entrega de tierras ociosas en usufructo y autorizar, entre otras medidas, la construcción de viviendas familiares en esas fincas.

“El usufructuario, con sus propios recursos, puede construir o fomentar nuevas bienhechurías, así como reconstruir o remodelar o ampliar unas y otras”, especifica la legislación que también permite “las edificaciones, instalaciones y otras obras necesarias o útiles para la adecuada atención y protección a los cultivos, animales y plantaciones”.

El nuevo decreto también amplió de 40 hasta 67 hectáreas el área concedida a usufructuarios particulares que las reciben por un término de 10 años, pero si se trata de personas jurídicas, como cooperativas, se ofrecen hasta por 25 años.

Desde que en septiembre de 2008 el gobierno comenzó la entrega a privados de tierras ociosas en usufructo, se han repartido alrededor de un millón 400 mil hectáreas a 170 mil personas en un intento por hacer productivas esas áreas.

Igualmente en octubre se anunció la entrada en vigor, a partir del 14 de enero próximo, de nuevas regulaciones migratorias que suprimieron restricciones y simplificaron trámites, una medida de alto impacto social, por ser largamente esperada y bien acogida por los cubanos.

El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, explicó las nuevas regulaciones en una comparecencia televisiva, en la que ratificó que Cuba continuará apostando por “una emigración legal, ordenada y segura”.

Otra decisión importante fue la apertura de la industria azucarera a la inversión extranjera de la mano de empresas de Brasil y Gran Bretaña, que comenzaron a invertir en ese sector a partir del mes de diciembre, cuando comenzó la cosecha del dulce.

La Compañía de Obras en Infraestructura (COI), subsidiaria del gigante brasileño Odebrecht, administra desde ahora, y por 13 años, el ingenio Cinco de Septiembre, en Cienfuegos.

También, la compañía de capital británico Havana Energy Ltd y la sociedad estatal cubana Zerus S.A., construyen la primera de cinco plantas capaces de generar 30 MegaWatts de electricidad a partir del bagazo de la caña de azúcar y de la leña de marabú.

En el último mes del año, igualmente, el gobierno puso en vigor un experimento para que pequeñas cafeterías y restaurantes estatales comiencen a ser arrendados en tres provincias, como un ensayo.

El nuevo modelo de gestión económica, que incluye el arrendamiento de locales de gastronomía donde laboran hasta cinco personas, comenzó a aplicarse inicialmente en las provincias de Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila para extenderlo a partir del año próximo a todo el país.

De igual manera se aprobó la creación gradual de cooperativas en actividades no agropecuarias, de las que se prevé la constitución de más de 200 en todo el país en diversos sectores, como el transporte, la gastronomía, la pesca, los servicios personales y domésticos, la recuperación de materias primas, la producción de materiales y los servicios de la construcción.

Esas fueron las medidas adoptadas a fines de este año y que allanaron el camino para el 2013, cuando continuará el proceso de actualización del modelo, pero sobre eso hablaremos en otro trabajo.