Venezuela muestra al mundo qué es democracia

Cada uno de los días de este mundo, Venezuela debe enfrentar los planes  de sus enemigos —hasta la ambivalente posición de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet— que andan en movimiento para tratar de destruir a la Revolución Bolivariana, aunque está probado que no pueden lograrlo.

Desde hace 20 años, cuando Hugo Rafael Chávez Frías ganó la presidencia y marcó la ruta para reestructurar ese país que tiene las mayores reservas petroleras del planeta, los grandes conglomerados conservadores, con Estados Unidos (EE. UU.) como abanderado, urden los planes más agresivos para destruir el proceso socialista de ese país, pacífico y amante del diálogo político.

Ahora, con el mandatario Nicolás Maduro al frente de la Revolución, ya que Chávez lo designó su sucesor poco antes de morir hace ocho años, y con la falsa creencia de que el país estaría debilitado ante la falta de su líder histórico, el pueblo venezolano es víctima de una crueldad solo comparada a la sufrida por Cuba, a manos de quienes quieren sostener un imperialismo con brechas de decadencia como dueño del mundo.

Hasta ahora, a pesar de los miles de millones de dólares destinados por Washington para pagar a individuos, grupos mercenarios y partidos políticos, la supuesta salida por la fuerza de Maduro no se ha logrado.

Hace apenas tres meses, la ciudadanía, en su mayoría revolucionaria y seguidora de las ideas de Chávez y Maduro, renovó la Asamblea Nacional (parlamento), devenida ahora muestra de la democracia, con diputados oficialistas y opositores. Una victoria de la unidad que enloquece a quienes desde la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, siempre zigzagueante según se mueve EE. UU., el Grupo de Lima, y algunos sobresalientes presidentes latinoamericanos aliados con el conservadurismo regional más extremo.

Y como dice el refrán ¨al que no quiere caldo le dan tres tazas¨, la dirección política de Caracas anunció, este año, la celebración de megaelecciones, que se inician en abril con la selección del nuevo Consejo Nacional Electoral, orientadas por la multiplataforma de la AN. Hace pocos días, el Comité de postulaciones del órgano legislativo informó quiénes serán los 75 candidatos elegibles para integrar la directiva del próximo CNE.

El diputado Giuseppe Alessandrello indicó que la relación preliminar de aspirantes a ocupar una de las plazas de rectores del máximo órgano comicial representa el 64 % de las 114 analizadas por el Legislativo, indicó desde Caracas la agencia noticiosa Prensa Latina.

Según ese medio de comunicación, del número absoluto de postulaciones ya aprobadas, 47 pertenecen a miembros de la sociedad civil, 10 de las universidades, y 18 del poder ciudadano.

El funcionamiento del CNE es fundamental para el ejercicio democrático electoral y quienes sean electos para esas funciones estarán en sus cargos siete años a partir de su designación. Integrado por cinco miembros —llamados rectores— el CNE queda encargado de convocar a los comicios previstos en el cronograma, según dicta la Constitución Nacional.

Uno de los resultados de la Mesa de Diálogo Nacional, en la que confluyen representantes de los partidos oficialistas y opositores, es que promulgó a inicios de este mes la derogación de la ley regulatoria de los períodos constitucionales de los poderes públicos. La coincidencia política en esas conversaciones permitió la convocatoria a las urnas —aún sin fecha precisa— para elegir de forma simultánea a los 23 gobernadores y 335 alcaldes venezolanos.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, declaró: “De forma sabia, esta Asamblea Nacional está sirviendo la mesa para la fiesta democrática que se suscitará este año; ya no hay ningún tipo de obstáculos para realizar las elecciones en los términos solicitados por la oposición”.

En una sesión parlamentaria ordinaria, Rodríguez expresó: “La posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamara a las urnas para escoger en simultáneo a las máximas autoridades estaduales y municipales partió de los diversos sectores y grupos de la oposición, y así se cumplirá —afirmó Rodríguez en sesión ordinaria del Parlamento.

Según medios de prensa venezolanos, el 95 % de los líderes opositores en Estados y municipios desean postularse y reivindicar su derecho a la participación comicial. Se prevén, por tanto, unas elecciones inclusivas, participativas y protagónicas sin precedentes,  a partir del gran acuerdo en la mesa de diálogo y paz del Parlamento.

Poco después de anunciarse el nuevo ciclo electoral, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró una plenaria especial de su IV Congreso, en coincidencia con los ocho años del fallecimiento de Chávez, en la cual fue analizado el método de selección de los postulados a los dos máximos cargos estaduales y municipales.

El PSUV es la mayor fuerza política de Venezuela y junto a otras agrupaciones progresistas y de izquierda formó el Gran Polo Patriótico, que obtuvo mayoría en número de candidatos y ganadores en las elecciones previas.

Uno de los pasos más importantes a dar por el PSUV es el fortalecimiento de las estructuras organizativas y la elevación de su capacidad movilizadora de cara a los comicios. La preparación del partido ante el reto que supone la nueva cita electoral es fundamental para ganar el mayor número de gobernaciones y alcaldías.

De suma importancia, y uno de los puntos analizados en la plenaria celebrada en el teatro capitalino Teresa Carreño, es el impulso a candidaturas que posean liderazgo en sus bases, lo cual fortalece la unidad con las otras agrupaciones del Gran Polo Patriótico.

Las llamadas megaelecciones constituyen una  piedra angular para poder contrarrestar el alto número de acciones —desde incursiones marítimas hasta sanciones para matar de hambre y enfermedades al pueblo— que desde EE. UU. y sus aliados tratan de derrocar el socialismo venezolano.

El PSUV, dijo su vicepresidente Julio León, está listo para comenzar la batalla, y para ello cuenta, dijo, con 7 790 960 militantes inscriptos y otros millones de seguidores.

Gran potencial de votos para ganar los cargos más importantes y cercanos a la población, insertada en los planes gubernamentales para lograr, por ejemplo, la independencia alimentaria del país.

Mientras ocurren las primeras citas para indicar responsabilidades a los núcleos partidistas, Venezuela fue de nuevo atacada por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, durante la 46 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, el pasado miércoles.

La postura de la expresidenta chilena es desbordada y arbitraria, al parecer emitió un comunicado por mandato de los enemigos del proceso socialista, en especial la Casa Blanca y su nuevo mandatario Joe Biden.

Las autoridades de Caracas consideraron preocupante que la Alta Comisionada ceda ante la presión de actores que la obligan a suscribir afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, al hacerse eco —precisó la Cancillería— de campañas mediáticas y especulativas.

El gobierno venezolano mostró su desconfianza ante la postura de la autoridad de la ONU debido a la presencia de su Oficina en Venezuela y de los mecanismos de diálogo existentes entre las partes, derivados de la Carta de Entendimiento sobre asistencia técnica y cooperación recién renovada.

De acuerdo con el tabloide Resumen Latinoamericano, el pasado mes brindó un discurso muy diferente la relatora de Derechos Humanos de la ONU, Alena Douhan, quien recorrió el país durante varias semanas.

Douhan reconoció en una rueda de prensa en Caracas que las acciones coercitivas y unilaterales por parte de EE. UU.  y la Unión Europea contra Venezuela tienen efectos devastadores en la alimentación, salud y educación del pueblo venezolano. “La calidad de vida ha disminuido por causa de las sanciones coercitivas unilaterales” —dijo al presentar la evaluación preliminar de su visita para conocer los efectos del bloqueo impuesto por EE.UU. que atenta contra el bienestar de la ciudadanía, a pesar de los esfuerzos del Estado.

La funcionaria argumentó que las sanciones tienen “un efecto devastador en toda la población de Venezuela”  más marcado aún en la población de menos ingresos, mujeres, niños, trabajadores médicos, personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.

Douhan precisó que tales medidas violan los derechos humanos y son ilegales, ya que no han sido aprobadas por la ONU. Reconoció que el ingreso del gobierno disminuyó en 99 % y actualmente el país vive con el 1 % del ingreso que tenía antes de las sanciones unilaterales. El 76 % del ingreso venezolano se utilizaba, precisó, para proyectos sociales, y solo hay un 1 % de ingreso, una suma miserable de dinero.

Mientras, el representante venezolano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, ratificó la disposición de su gobierno de estrechar la cooperación con la Oficina de Bachelet, a pesar del balance supuestamente actualizado del pasado miércoles.

Constant lamentó que se presenten situaciones no corroboradas por esa instancia, aunque existen mecanismos de diálogo entre las partes que pueden comprobar la verdad, en lugar de unirse a la campaña mediática contra Venezuela.