El presidente de facto Michel Temer esquivó de nuevo a la Policía Federal Brasileña (PFB) que afirma poseer pruebas contundentes de corrupción en su contra, y las posibilidades de que sea enjuiciado parecen remotas, pues ya burló otras dos denuncias amparado por el sistema judicial.
Temer, apodado El Camaleón por adaptarse a los vaivenes políticos en su país desde hace décadas, es líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y ocupaba la vicepresidencia nacional cuando ejecutó un golpe de Estado parlamentario en 2016 contra la mandataria legítima Dilma Rousseff, condenada sin pruebas a dejar su cargo ganado en las urnas.
El mandatario, al que también llaman El Traidor, dijo sentirse despreocupado el pasado lunes, después de que la PFB dijo que demostrará sus vínculos con la empresa de arquitectura e ingeniería Argeplan, según un informe enviado al politizado Supremo Tribunal Federal (STF), defensor de los grandes capitales.
“Los elementos recopilados indican que Argeplan y su estructura financiera y funcional fue colocada varias veces al servicio de demandas de la vida pública y privada (…) de Temer”, informó el comisario Cleyber Malta Lopes.
Argeplan es propiedad de Joao Batista Lima, ex coronel de la policía y amigo personal del mandatario, quien en la actualidad califica como el más impopular de la historia contemporánea del mayor país de Suramérica.
Denuncias al cuerpo policial indicaron que hubo estrategias fraudulentas en el decreto presidencial de los puertos suscrito por Temer en mayo del pasado año, el cual permite concretar beneficios al sector portuario nacional.
Aunque hay personas detenidas mientras se esclarecen los presuntos delitos administrativos y financieros, la procuradora del SFT, Raquel Dodge, en una estrategia para evitar que el corrupto Temer vaya a prisión, otorgó un plazo de 60 días de prórroga a los investigadores para que formalicen las pruebas.
No es esta la primera vez que el presidente usurpador está involucrado en delitos de corrupción —al igual que varios de sus ministros y líderes del Poder Legislativo, algunos encarcelados— y sale airoso.
En 2016, de los 23 ministros de su gabinete siete estaban procesados o indicados por presuntas transgresiones administrativas, mientras otros 12 recibieron dinero de empresas relacionadas con el escándalo de sobornos de la estatal Petrobrás. La tercera parte de la Cámara de Diputados estaba también involucrada en crímenes similares. En su contra hay un prontuario de imputaciones que lo ligan al lavado de dinero, corrupción pasiva y pertenencia a organizaciones criminales.
Para analistas, no hay límites al descaro de la mayoría de los miembros de los tres poderes brasileños, unidos a la media hegemónica que le sirve de soporte.
Cuando caen los llamados pejes gordos, como ocurrió con el ex jefe de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, es porque ya sus servicios no sirven a los grupos de poder. Cunha, compinche del entonces vicepresidente, fue quien envió a la Cámara la denuncia contra Rousseff y desencadenó el juicio político que la sacó, aun sin pruebas en su contra, del Palacio de Planalto.
Contra Temer hay suficientes elementos como para encerrarlo en juicios justos —no como los que practican los detractores de las figuras políticas progresistas—, pero a la clase oligárquica dominante le interesa mantenerlo como presidente.
El jefe de la Casa Civil y aliado del jefe de gobierno, Carlos Marun, aseguró a la prensa sin pudor alguno que si esta tercera denuncia se materializa será “enterrada” en la Cámara de Diputados, única con potestad de autorizar el juzgamiento.
Un sondeo divulgado por el diario local Folha de Sao Paulo reveló el pasado viernes que el 82 % de los brasileños rechaza la gestión presidencial, lo que convierte al Camaleón en el gobernante más impopular de la historia de la gigantesca nación suramericana.
En contraste, la nota periodística confirma que en la encuesta realizada por Datafolha, Lula da Silva se mantiene como favorito en las intenciones de voto de cara a las elecciones de octubre próximo, a pesar de estar cumpliendo una condena de 12 años y un mes de prisión en un juicio amañado para acabar con su carrera política.
Lo peor que pudiera pasarle a la derecha brasileña es que Lula retorne al Palacio de Planalto en un tercer mandato, pues aunque hizo dos gobiernos conciliatorios, lo conveniente es que el sustituto de Temer garantice la continuidad del sistema neoliberal impulsado en su decorativa administración.
El actual mandatario es un figurón de los capitalistas que está entregando las empresas nacionales a los consorcios privados, creando además un clima de represión que incluye asesinatos selectivos, como ocurrió con la concejala Marielle Franco en Río de Janeiro hace tres meses.
Temer desechó cualquier inconveniente judicial cuando entregue la presidencia el próximo 1.o de enero. Aunque quizás no tenga un Congreso Nacional para protegerlo, insiste en que nada lo rozará siquiera.
Para el Camaleón, las investigaciones “comienzan sin saber por qué, prosigue sin saber por qué y ciertamente va a terminar sin saber por qué”, según dijo a la cadena nacional de radio CBN.
“No temo (ser preso), no. Sería una indignidad y lamento que estemos hablando sobre esto”, precisó a la CBN luego que le preguntaran si sería apresado como Lula da Silva, víctima de un complot judicial ordenado por los altos ámbitos del poder.
Para el sociólogo Vinicius Sartorato la prepotencia de Temer demuestra su confianza en que, “por los servicios prestados a la oligarquía, seguirá bajo su protección”, aunque pierda su fuero.
Mientras, el juez del SFT Edson Fachín fue censurado por varios colegas por sus maniobras para perjudicar la libertad condicional pedida para Lula da Silva. Los abogados defensores del exmandatario emitieron una demanda contra la decisión de Fachín de aplazar el juicio que trataría el recurso presentado para sacar al prisionero, pero en cambio remitió el caso a la Corte Suprema.
Marco Aurelio de Carvalho, integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), advirtió las artimañas judiciales y afirmó de forma categórica que “existe un activismo y una manipulación indiscutible orquestada por el poder judicial”.
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