México de la mano de López Obrador

Sin descanso ni para él ni para su gabinete, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), atiende día a día los asuntos más urgentes de las clases pobres de su país, ataca el corazón de la corrupción y la criminalidad, mientras comienzan a surgir discrepancias en el orden interno.

Con su triunfo electoral ante la partidocracia tradicional hubo una explosión de júbilo en la población mexicana, harta de regímenes que se desentendieron de problemas medulares, como la criminalidad, el narcotráfico y la pobreza. El pueblo que lo eligió encontró en el izquierdista sexagenario una esperanza para cambiar y ordenar las estructuras de la institucionalidad nacional.

López Obrador (1949) empezó a hacer historia cuando ganó las elecciones de julio con la histórica cifra del 53,16 %, luego de recorrer la nación en una campaña de casi cuatro años; asumió el pasado 1ro de diciembre y, desde entonces, cada día una nueva medida de índole económica o social reafirma el carácter y la seriedad del líder del izquierdista movimiento Morena.

Una medida del mandatario que estremeció los cimientos de la sociedad mexicana  —hasta el anterior régimen de Enrique Peña Nieto poseía altos índices de corrupción estatal— fue la implantación del plan contra el robo de combustible, una sangría a la economía nacional y uno de los asuntos más graves a enfrentar debido al poder de la red, que involucraba en el delito a narcotraficantes y centenares de funcionarios de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). En un mes de mandato, AMLO renunció a la Casa presidencial de Los Pinos, ahora abierta al público como museo, redujo los salarios de ministros y colaboradores, resolvió viajar en vuelos comerciales y adoptó otras fórmulas que lo acercan a millones de desposeídos en su país.

El presidente inició una nueva manera de gobernar “por y para el pueblo”, según dijo y repite en sus declaraciones, lo que hasta ahora guía sus procederes.En apenas dos semanas, la desviación del combustible cayó en más del 80 %. Entre las medidas establecidas, AMLO ordenó el cierre de los ductos donde se sospechaba existencia de hurto, autorizó el despliegue de 9000 miembros del Ejército y la Policía, así como de aeronaves en las instalaciones de Pemex. El pasado viernes, y en lo que se considera otro acto de sabotaje, la explosión de un ducto en el municipio de Tlahuelilpan, de 15 000 habitantes, en Hidalgo, dejó 67 muertos, más de 75 heridos y 65 desaparecidos, cuando pobladores intentaban sacar en bidones el combustible en una toma clandestina abierta a propósito por delincuentes.

Otro sabotaje ocurrió este viernes en un ducto en San Juan, en el Estado de Querétaro, sin afectaciones humanas. Dos actos de igual índole ocurrieron en medio de las primeras investigaciones. Miembros del Ejército llegaron al lugar dos horas antes del estallido e insistieron en la retirada de la población. Más de 200 personas buscaban apropiarse del combustible. Con órdenes ejecutivas de no reprimir a la ciudadanía, los uniformados fueron replegados, informó un comunicado oficial horas después.
Desde el lugar de la tragedia, López Obrador afirmó: “Continuaremos luchando contra el robo de combustible hasta que logremos erradicarlo”.

Cuando comenzó el plan, el Gobierno ordenó el despliegue de más de 5000 militares para vigilar las instalaciones, canalizaciones y los camiones cisterna. Informes gubernamentales indican que hasta ahora fueron bloqueadas las cuentas de 42 empresas, 435 personas vinculadas al robo de carburante están detenidas y se abrieron 1831 investigaciones. Otros datos precisan que el lucrativo negocio del robo de carburantes en 2017 y 2018 causó pérdidas de alrededor de 3000 millones de dólares en las cuentas públicas.

Aunque en principio las indagaciones y el cierre de ductos ocasionaron un leve desabastecimiento en la distribución del combustible, este hecho fue exagerado por la prensa opositora para intentar crear un caos social con sus noticias mentirosas. En pocos días el flujo de ventas está casi normalizado.Una contundente victoria popular contra la corrupción dejó la estrategia seguida por el oficialismo mexicano, que destruyó los planes de desestabilización interna.

Resultaron estridentes y ridículos —como los calificó el periodista Miguel Ángel Ferrer— los llamados “a realizar cambios en el gabinete, la renuncia de AMLO y hasta la insinuación de un golpe de Estado para derrocar al gobierno”. Incluso, se acudió a técnicas de sabotaje a las instalaciones petroleras, cuatro en total.
Respaldado por la población que lo eligió, el presidente no solo atacó de frente un problema antiguo e irresuelto por sus predecesores, sino que su popularidad y apoyo social subió esos días del 70 % al 90 %.

Otro paso importante es la formación de la llamada Guardia Civil, creada para eliminar la criminalidad en el país, resultante del negocio del narcotráfico. Los jefes de la droga de México, organizados en grandes cárteles, constituyen gobiernos paralelos a los oficiales en instancias que van desde municipios hasta Estados. Para crear el terror disponen de paramilitares a los que también pertenecen miembros de los cuerpos oficiales.Tal convivencia quedó al desnudo cuando desaparecieron hace cuatro años 43 jóvenes estudiantes normalistas de la localidad de Ayotzinapa, Guerrero, arrestados por la Policía y, según investigaciones no concluyentes, fueron entregados a un grupo mafioso para su asesinato y posterior dispersión de sus restos.

NUEVA GUARDIA NACIONAL

El Congreso mexicano, donde es mayoría el oficialista movimiento Morena, aprobó las reformas constitucionales solicitadas por el ejecutivo crear la Guardia Nacional, un órgano de 50 000 efectivos que serán desplegados por el territorio nacional para realizar labores de seguridad pública.México ya tuvo en el pasado un cuerpo con este nombre que participó en episodios históricos, como la lucha contra la invasión estadunidense acontecida, entre 1846 y 1848, y la resistencia a la segunda intervención francesa, de 1862 a 1867.

En sus pocos días de mandato, el gobierno de Morena echó a andar otros puntos de la agenda que pretenden crear oportunidades de mejor calidad de vida a los mexicanos, en especial a los pobres.Ya comenzó la primera fase del Programa de Apoyo a las personas con discapacidad —en principio, un millón—, quienes recibirán una pensión mensual de 1247 pesos mexicanos.

El gobierno priorizó a los individuos más vulnerables en el violento Estado de Guerrero, bajo dominio del tráfico. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, afirmó que además de las ayudas sociales, el gobierno pretende que los discapacitados colaboren, según sus posibilidades, en la economía formal del país.Otro plan nacional en desarrollo es el denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual serán becados más de dos millones de muchachos alejados del estudio y del trabajo actualmente que se formarán en empresas de todos los Estados.

Con estas oportunidades, el nuevo ejecutivo pretende alejarlos de las redes de narcotraficantes, a la vez que contribuyan al impulso de los planes económicos previstos.
También la Secretaría de Bienestar anunció la ampliación del programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, cuyos beneficiarios recibirán un pago bimestral de 1274 pesos, contra los 1160 que recibían hasta ahora.

López Obrador también anunció que llevaría a cabo el desarrollo del Sur de México con un proceso inversionista que puede chocar, según advirtieron organizaciones de derechos humanos, con los intereses de los pueblos indígenas de esa región, en peligro, afirman, de ser despojados de sus territorios originales.
Los grandes proyectos de infraestructura en esa zona estratégica “será un paraíso de la inversión”, según el jefe de la Oficina de la Pretendencia de la República, Alfonso Romo.

En defensa de esta agenda económica, AMLO plantea que la creación de miles de empleos en el sureste de su país ayudaría también a los ciudadanos de varias naciones de Centroamérica, de donde han partido varias caravanas de emigrantes rumbo a Estados Unidos, con millares de personas que huyen del hambre y la criminalidad existente en varios países de esa región.

Uno de los principales opositores a los proyectos económicos de la administración de Morena es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con 25 años de alzamiento en Chiapas, fuerza militar de millares de mujeres y hombres. El 31 de diciembre pasado, el subcomandante Moisés, jefe del EZLN, afirmó en un mensaje pronunciado en la ocasión: “Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí ese su proyecto de destrucción (…). Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y del mundo que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres, no vamos a permitir que vengan a destruirnos”.

“El pronunciamiento del subcomandante Moisés constituye una respuesta radical a las pretensiones gubernamentales de entregar el sureste a empresas capitalistas”, reflexionó el intelectual mexicano Alfonso Romo, que apoya al EZLN, según un artículo publicado en Rebelión.Decenas de intelectuales, artistas y colectivos de distinta índole de México, Estados Unidos, India algunos de Europa, entre otros, mostraron su solidaridad con la dirección zapatista y rechazaron, según una carta pública, “…la actual campaña de desinformación, mentiras y calumnias dirigidas contra el zapatismo” sin aclarar quiénes son los autores de las falacias.

En la misiva denuncian cualquier agresión que pudiera realizarse contra las comunidades zapatistas “sea directamente por parte del Estado mexicano” o a través de organizaciones o grupos “civiles” armados o no armados, y responsabilizan al gobierno mexicano “de cualquier agresión que pueda surgir en el marco” de los megaproyectos impulsados por la nueva administración federal.