La orfandad ciudadana en Colombia

Colombia, la madre del narcotráfico latinoamericano, mantiene un aura de inestabilidad ciudadana que afecta a amplios sectores poblacionales, victimas del abandono de otro gobierno de derecha en el que impera la visión militarista de Estados Unidos.

Es reconocido por organizaciones internacionales que los dos últimos gobiernos incumplieron sus obligaciones para implementar el Acuerdo de Paz de La Habana, lo cual propicia inestabilidad en el tejido social, pues alienta la violencia de grupos paramilitares-mafiosos para aniquilar a exguerrilleros, líderes y activistas sociales. La continua matanza se corresponde con la política de Estados Unidos (EE.UU.) de impedir la continuidad del progresismo en la región y sus cabezas visibles.

Son los estudiantes de las Universidades públicas los primeros en retornar a las calles para exigir al presidente Iván Duque, el delfín del exmandatario y líder del paramilitarismo Álvaro Uribe, que eleve el presupuesto de la educación superior pública y reduzca los gastos militares cuando, aunque exige una intervención bélica en Venezuela, el país está en supuesta paz y con notables asuntos internos por resolver.

Dos meses después de la asunción del derechista Duque, desde el pasado día 10, miles de jóvenes en las principales ciudades del país solicitaron al Ejecutivo nacional el incremento del presupuesto destinado a ese nivel educativo, el cual debía ser de 1 457 millones de dólares. Este año ese rubro asciende a 1133 millones. Las universidades están quebradas y vendieron sus cafeterías, arrendaron los espacios culturales a empresas del entretenimiento, supeditaron sus investigaciones a pedidos puntuales de empresarios, entre otras medidas para evitar los cierres.

El Ministerio de Hacienda solo les concedió 161910908 dólares más para 2019, lo cual es considerado una burla por alumnos y profesores.

La respuesta de Duque a la exigencia fue lacónica: “No puedo permitir que este asunto se politice. Entiendo la angustia de muchos jóvenes (…) pero poco puede hacerse”, según el periódico El Tiempo.

Son graves los problemas heredados por Duque. Si vital resulta a futuro la formación de profesionales—lo cual no parece interesar al Estado—también lo es poner punto final a asesinatos de los activistas políticos y sociales por parte de los grupos paramilitares fomentados por Uribe y, por supuesto, permitidos por el mandatario.

Los crímenes contra civiles que protestan por la pérdida masiva de sus cultivos de coca —sin que el gobierno cumpla su promesa de entregarles insumos para otros sembrados—, continuos desalojos, y la destrucción del medio ambientefueron conocidos por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que al parecer ignora que Colombia es una nación militarizada, aliada de Estados Unidos y que tanto Duque como Uribe intentan eliminar cualquier indicio crítico.

Hablar ahora del cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia, e incluso de que en algún momento se suscriban otros con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla en importancia en el país,parece una payasada. El expresidente Juan Manuel Santos cumplió su rol encargado por Washington de manera impecable: firmó acuerdos, desarmó a los insurgentes y sus campamentos quedaron en manos de los grupos paramilitares ymafiosos; creó un partido con los antiguos jefes subversivos, y atascó el proceso que ya estaba deteriorado antes de implementarse debido a la política guerrerista impulsada por Uribe desde su escaño de senador y su partido Centro Democrático (CD), el cual catapultó a Duque a la Casa de Nariño.

Para analistas, como Carlos Meneses en un artículo en Rebelión, “el Estado colombianono ha demostrado un firme propósito en la obtención del fin del conflicto armado interno. La no cooperación armónica de los poderes públicos constitucionales así lo demostró. La injerencia de los órganos de control, la Procuraduría y en especial la Fiscalía, constituyéndose en una talanquera en la noria de la implementación de los Acuerdos. Los partidos políticos, cual conmilitones en el ejercicio de la guerra, gracias al ejercicio de un sistema electoral corrupto e ilegitimo, echaron a perder la finalidad de la salida política al conflicto armado interno en Colombia”.

Colombia, con más de 50 años de continuada contienda bélica, supuestamente terminados en parte con la firma de paz entre el gobierno y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con casi 10 000 miembros, es un país en guerra interna contra lo que signifique un desacato al oficialismo. Como la de los estudiantes en la actualidad, que cada día compromete a másgrupos y movimientos sociales solidarios.

La larga confrontación bélica dejó 262 197 muertos, 80 514 desaparecidos, 37 094 victimas de secuestros, 15 867 de violencia sexual, 17 804 menores reclutados. A más de seis millones asciende la población desplazada en los últimos años. Desde que la guerrilla entregó sus armas en 2016, cerca de 500 líderes sociales murieron de manera violenta.

¿De qué paz se puede hablar en Colombia, cuando se mantiene el escenario de la violencia —muchos se preguntan por qué Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz— debido ante todo a la interferencia visible de los órganos de control, la Procuraduría y en especial la Fiscalía, detrás de las cuales está el ultraderechista CD.

Las figuras de Santos, Duque y Uribe impiden el fin del conflicto, pues siempre bombardearon, aunque el primero aparecía como su defensor,el pacto de paz.

Para el periódico británico TheGuardian, lo ocurrido en Colombia “es un engaño del gobierno”, primero de Santos de forma solapada y ahora abiertamente por Duque.

El propósito de que los paramilitares ejecutaran a 10 000 civiles —los llamados falsos positivos, pues carecían de vínculos con las guerrillas—, era inflar las estadísticas a favor de las Fuerzas Armadas para solicitar más ayuda militar estadounidense, con siete de sus bases en territorio colombiano.

En un estudio difundido por The Guardian de los investigadores Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Rodríguez, autores del libro “Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios” esos crímenes “fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con discapacidad funcional.

La organización Juristas del Mundo que participaron en “Caravanas de Juristas en Colombia”, en agosto pasado, por las llamadas zonas críticas como El Catacumbo, confirmó que: “la violencia y la falta de esclarecimiento es lo que nos mantiene más preocupados”. Concluyeron que luego de tantas denuncias y conocimientos de causas “no hay nada hacia el futuro…”.

La responsabilidad de esta guerra no acabada recae en el gobernante CD liderado por Uribe, acusado de corrupto ante las leyes.

La lucha del gobierno conservador es contra quienes defienden la soberanía nacional que está entregando Duque, y antes Santos, a las trasnacionales en los sectores de la mega minería, dejando sin recursos naturales, como el agua y los bosques, a las comunidades empobrecidas. Quienes contradigan esa política enarbolada por el CD son exterminados sistemáticamente.

Los reclamantes campesinos están en la mira. Ellos fueron expulsados de sus tierras donde vivieron durante décadas,después entregadas por el oficialismoa las multinacionales de los agro-combustibles, entre otros. En el Senado, el CDmantiene varios proyectos para el manejo de tierras, la protección de las compañías extranjeras, y terratenientes particulares del latifundio improductivo.

El episodio de los estudiantes es el primero que, de manera masiva, enfrentará el derechista Duque. Será muy difícil que su régimen cubra las necesidades universitarias. Pero atrás vienen muchos otros movimientos por el camino, que exigirán democracia, libertad, cese de la violencia, desmilitarización nacional,y sobretodo, implantación verdadera de la paz arrebatada por la derecha y su dirección asentada en la Casa Blanca.