Siendo objetivos —es absurda otra postura— Grecia tiene hoy una deuda pública superior a la del 2010, cuando comenzaron los llamados rescates. En aquel año era del 126 % y en este momento es de casi del 180 %. ¿Qué se ha solucionado? El país heleno recibió 289 000 millones de euros, pero no para mejorar la situación y salir de sus problemas a través de reparaciones y desarrollo, sino teniendo como destino principal pagarle a los bancos acreedores y salvar a los propios. Todo a costa de los ciudadanos.
En 8 años, los salarios perdieron el 40 % de su poder adquisitivo; más del 35 % de los ciudadanos se encuentran en el ámbito de la pobreza o la exclusión social. El desempleo se mantiene por encima del 20 % (el 50 % para los jóvenes) y la economía se redujo en un 25 %. De ahí que el leve crecimiento reportado provoque escepticismo.
También las pensiones sufrieron numerosos recortes y se abocan al desmoche número 15 o 16, pues según el presidente del Banco Central, Giannis Stornaras, “Si no se cumplen las medidas de austeridad, entre ellas nuevos recortes a las pensiones, el país no conseguirá liquidez en los mercados a unos tipos de interés razonables”. ¿A qué se refiere este alto funcionario? Anuncia otra poda a los pensionados; que continúa la austeridad y “conseguir liquidez” revela el propósito de pedir prestado en los mercados mundiales. Eso implica nuevos riesgos de endeudamiento. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, lo enfoca al decir: “la realidad sobre el terreno sigue siendo difícil”. A continuación alertó que no cesa el programa aplicado hasta el momento.
Y es que el único cambio —si así es posible llamarlo propiamente— consiste en haberle concedido al gobierno 10 años de gracia para pagar cuanto todavía debe, fórmula propuesta por los economistas cuando se agudizó la crisis, pero no aceptada entonces por la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea con el FMI. Después se creó el MEDE, algo así como mecanismo de ayuda y control).
Grecia seguirá bajo la supervisión permanente de esas entidades con “vigilancia reforzada” como mínimo hasta el 2022. Tendrán un control trimestral sobre la administración pública, la fiscalidad, los bancos griegos y, por supuesto, las privatizaciones. Las áreas de sanidad y bienestar social, que en este momento existen de forma casi simbólica, pues perdieron su contenido en esta trágica etapa, también estarán bajo la observación de marras y no parecen encaminadas hacia mejorías.
Baste como ejemplo el gasto en salud, servicio indispensable siempre, pero sobre todo con el agudo crecimiento del paro laboral más la reducción de salarios y pensiones. Era de 22 490 millones de euros y lo disminuyeron a 14 727 millones, es decir, le mutilaron el 35 %.
Si la troika (o como se llame ahora) mantiene tanto su programa de ajustes y controla de hecho cuanto hace el Estado, la única autonomía recuperada por Grecia es la de pedir dinero prestado. Se auguran intereses muy crecidos para esas pignoraciones. Todo transcurre en medio de peligros advertidos, incluso por el FMI, desde donde al inicio de todo consideraron necesaria una generosa renegociación y aun así, “a largo plazo Grecia no podrá pagar su deuda”, reiteran ahora los expertos fondomonetaristas. Este compromiso cobra tan elevadas dimensiones durante el gobierno conservador de Kostas Karamanlis, bajo cuyo mandato y en connivencia con entidades financieras internacionales se ocultó el monto real del débito, pues de ser conocido hubiera impedido que Atenas ingresara al euro en el 2001. Lo que ya era considerable creció con los créditos adquiridos para la realización de los Juegos Olímpicos del 2004 y llevaron lo acumulado hasta el 110 % del PIB.
Pese a la muy comprometida situación, de no haber ocurrido el estallido de la burbuja hipoteco-inmobiliaria norteamericana en el 2007, que desata un paroxismo bancario global y la necesidad de rescates en los propios Estados Unidos y en una Europa contagiada por el extraordinario evento, es posible que Grecia, como otros, hubiera sido capaz de hacerle frente a su conflicto dentro de marcos menos rígidos.
En mayo del 2010 el gobierno pide oficialmente “un paquete de rescate”. Le conceden 110 000 millones de euros, será el primer tramo después sucedido por otros préstamos pese a que a inicios del 2015 y tras pronunciados desequilibrios institucionales o políticos, enormes protestas y huelgas, gana las elecciones el partido Syriza, con un programa antiausteridad, después transfigurado en algo peor a lo hecho hasta ese momento, pues entregaron a poderes externos facultades soberanas del país, pasando por encima de la voluntad popular.
La situación se mantiene en tramos subsiguientes de modo que en agosto de 2015 se verifica el tercer ¿rescate? Esto es: otros aumentos impositivos y nuevos recortes presupuestarios sumados a la continua privatización de bienes estatales. Al propio tiempo se reducen o eliminan derechos de los trabajadores.
La meta impuesta a Grecia es conseguir una deuda pública ascendente al 75 % del PIB. Solo entonces dejarán de fiscalizar la economía helena. Se cae de la mata —diría mi abuelo— preguntarse cómo lograrlo si con todo el poder que se otorgaron yl os extensos recursos a su cargo, sumados a la docilidad del Estado griego, en lugar de mermar, la deuda aumentó.Las actuales generaciones, están cargando el peso de sufragar cuanto no gastaron, y las posteriores heredan esa carga poco propicia en condiciones de gran frustración y recelo político. Nadie se las ha puesto fáciles. Al pueblo heleno, quiero decir.
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