Si no hubiese ocurrido antes con otros dirigentes progresistas, algunos encarcelados, la nueva orden de prisión preventiva contra la ex mandataria argentina Cristina Fernández hubiese sorprendido. Se trata de otro momento del acoso judicial contra una líder popular que, de presentarse en las elecciones de octubre próximo, podría desplazar al actual presidente Mauricio Macri.
Fernández gobernó Argentina dos mandatos (del 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015), siendo la única de los mandatarios de ese país que completó ocho años, con el mandato continuado más prolongado después de Carlos Menem y Juan Domingo Perón.
El candidato de su partido Frente para la Victoria (FPV), Daniel Scioli, no ganó en las elecciones de 2015 donde se suponía que el kirchnerismo —movimiento político fundado por el fallecido expresidente Néstor Kirchner— continuaría en la Casa Rosada dado los logros de sus 12 años de administración.
Una campaña pobre por el FPV y el ataque mediático de la corporación Clarín en especial, y las promesas de transformaciones en la economía nacional, bajo el ataque de la crisis mundial capitalista, llevaron al millonario Mauricio Macri, empresario y director del club de fútbol Boca Juniors a la Primera Magistratura bajo las promesas de cambios en las finanzas de los argentinos.
Pero Macri ganó solo por 300 000 votos de diferencia, lo cual habla de que con una estrategia certera Argentina se hubiese ahorrado muchas de sus actuales penas.
Fernández, quien tiene tras si millones de seguidores del ala mas progresista del Partido Justicialista (PJ), al contrario de Macri, de igual agrupación, pero derechista es, desde que terminó su gestión, fue acusada de continuo por al menos ocho causas, en lo que se considera la aplicación en su contra de las mismas prácticas que en Ecuador, Brasil –donde el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva cumple 24 años de cárcel sin pruebas contundentes- ya que el sistema judicial responde a las exigencias del legislativo, en una unión que viola el derecho internacional.
Una de las acusaciones más controvertidas parte de un memorando firmado por Fernández con el gobierno de Irán para que fueran juzgados en Argentina los terroristas que explotaron el centro de la comunidad judía de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con saldo de 85 muertos en 1994.
El juez Claudio Bonadio, quien lleva las causas contra la popular política, afirma que ella conversó con las autoridades iraníes —cuyo gobierno suscribió el documento pero luego lo desestimó y no lo llevó a su Parlamento— para proteger a los asesinos de quienes asistían a un acto religioso en la AMIA en Buenos Aires.
Aun cuando el país persa mantiene silencio en torno al atentado, en Argentina los enemigos de la también conocida como CFK insisten en su responsabilidad en la libertad de los extremistas.
El juez Bonadio, encargado por Macri del caso CFK, dictó la tercera prisión preventiva contra Fernández, protegida de la prisión por su impunidad como senadora. Para ser encarcelada debe ser desaforada por el resto de los senadores, de mayoría no oficialista.
Ahora la nueva causa es la posesión de documentos históricos encontrados en un registro a su hogar de El Calafate el 26 de agosto del pasado año, de donde la policía robó varios cuadros y otros objetos de valor, según denunció la familia Kirchner.
En su última comparecencia ante la Justicia, el pasado 25 de febrero, la ex jefe de Estado reiteró que es víctima de una persecución en su contra y señaló que la acusación en el proceso de los documentos históricos es “absolutamente falsa”.
“El hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente”, aseguró Fernández en esa ocasión. Ya van 15 indagatorias.
La suerte de Fernández en un Partido Justicialista dividido —como ha sucedido históricamente— está en manos del senador Miguel Ángel Pichetto, quien fuera ministro durante el gobierno de Kirchner y de CFK, que ahora traicionó la confianza de quien fuera su jefa política durante ocho años.
La cárcel preventiva en la causa del pacto con Irán fue interpretada como una jugada de Pichetto con el juez Bonadio. El parlamentario decidió separarse del Justicialismo para formar “Argentina Federal”, el mismo día del fallo judicial.
Para analistas de Página 12 resulta relevante que en un mal momento judicial para la expresidenta, la ruptura de Pichetto, quizás un probable candidato en las elecciones presidenciales de octubre próximo, es cuando menos sospechosa. Muchos se preguntan si él conoció antes del fallo y apuró la fractura.
Las relaciones entre Bonadio, de extracción peronista, y Pichetto, son de larga data. El senador integraba el Consejo de la Magistratura y salvó de un juicio político al jurista por irregularidades en el caso AMIA, luego de una denuncia del entonces ministro de Justicia de Kirchner, Horacio Rosatti, hoy ministro en la Corte.
En este año en que la política argentina podría dar un vuelco de 180 grados, el hecho de que pueda ser apresada, aun sin pruebas como en el caso de Lula da Silva, pende como una espada de Damocles sobre la ex presidenta argentina.
La decisión de no desaforarla no depende, como algunos creen, de un reglamento de la Cámara Alta, sino de una decisión del bloque del PJ.
Para la exmandataria el escenario es complejo. Si en los próximos comicios, donde se renovará una parte del Senado, gana el partido Cambiemos, de Macri, el oficialismo podría desaforarla.
Hasta ahora Fernández no se ha pronunciado sobre candidatearse en las presidenciales de este 2019.
En primer lugar, ya es senadora, pero si renuncia puede caer presa. Asimismo, el peronismo progresista carece de un candidato con propuestas que enamoren al electorado.
La corriente peronista que se enfrenta a Macri en el Congreso Nacional tiene el propósito de alcanzar la unidad con otras fuerzas políticas, para presentar proyectos y votar leyes en conjunto. Esa estrategia logró que el aborto fuera despenalizado, pues aunque fue firmado por una mayoría kirchnerista también fue acompañado por otras agrupaciones.
Por el peronismo quien está todavía como negociador es Pichetto, quien se ha reunido varias veces con sindicalistas y gobernadores para actuar de conjunto.
Están conscientes que carecen de un candidato que atraiga los votos que podría alcanzar Fernández. El senador tiene a los dirigentes, pero Cristina es la líder más acompañada, y un ejemplo de eso es que en la ultima elección ella obtuvo el 37 % de las boletas favorables y el PJ y otro partido juntos apenas el 16 por ciento.
Mientras, el oficialista partido Cambiemos por el cual Macri va a la reelección, deberá hacer malabares para convencer a los electores de retenerlo, dado el fracaso de la economía nacional, entregada al Fondo Monetario Internacional (FMI), con nefasta incidencia en la clase obrera.
Mientras, subordina el Poder Judicial a la embajada de Estados Unidos, según el blog elforjista.com.ar.
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