El 20 de junio de 2022 queda inscrito en Colombia como el día en que, por primera vez en 200 años, una alianza de izquierdistas y progresistas venció en las urnas a la derecha radical y situó en Casa de Nariño a un reconocido defensor de la paz y de los pobres, los llamados nadie, con los que nunca contaron los decisores de las políticas públicas.
Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, senador, exalcalde de Bogotá, exguerrillero del disuelto Movimiento 19 de abril, ganó en buena lid al derechista Rodolfo Hernández. El izquierdista obtuvo en el balotaje el 50,44 % de los votos, y su contrincante el 47,31 %.
Con la líder social del Cauca y abogada Francia Márquez como vicepresidenta, inició el nuevo gobierno el pasado 7 de agosto para el periodo constitucional 2022-2026. Una oleada de esperanza recorrió el país cuando salió de la escena pública el ultraderechista Iván Duque, principal aliado de Estados Unidos (EE.UU.) en Latinoamérica, y facilitador de fallidos intentos para derrocar la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Hay quienes dicen que Petro y su equipo trabajan tan rápido como la luz, pero así lo amerita la compleja situación de Colombia, todavía inmersa en una guerra civil tras más de 50 años, con grandes zonas ocupadas además por bandas paramilitares vinculadas a la mafia del narcotráfico. El sistema neoliberal imperante dejó, entre otros males, una sociedad empobrecida, violencia desmedida contra exguerrilleros y líderes sociales, carencia de derechos básicos para sobrevivir en la tierra cafetalera.
A cinco meses de su asunción, el gobierno del Pacto Histórico ramificó sus logros, pero el principal sigue siendo la búsqueda de lo que el presidente califica de ¨la paz total¨
Este año fue sancionada la Ley de la Paz Total, que instala instrumentos jurídicos para abrir procesos de negociación. Unos de tipo político, como el iniciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otros de tipo jurídico, que permite acogerse a la justicia bandas y organizaciones sin origen político.
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Mientras fructifican los diálogos con el ELN, reiniciados el pasado mes en Caracas y que continuarán en enero próximo en México, ya hay acercamientos, según fuentes oficiales, con grupos de las FARC que volvieron a las armas luego de que Duque engavetara el Acuerdo de Paz de 2016 y permitiera una cacería de brujas contra exguerrilleros y líderes sociales.
El Clan del Golfo expresó su disposición a cooperar con el Ejecutivo, pero condicionando la dejación de las armas a impunidad para sus miembros y la liberación de quienes están presos en Colombia o fueron extraditados a EE.UU..
Para afianzar el proceso, Petro anunció hace unos días que unos 100 000 jóvenes de las zonas más pobres y excluidas del país serán designados como gestores de paz dentro del programa Jóvenes en Paz, quienes recibirán cada mes el equivalente a 210 dólares.
"Queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos, en las zonas de más alta violencia de Colombia, que están llenas hoy de hambre", dijo el mandatario, y explicó que el plan comenzará en 2023, en el interés de que partes fundamentales de la sociedad colombiana participen en el proceso de reconciliación nacional.
Otra herida para la paz del país sangró durante los años del régimen títere de Duque, quien fomentó (al igual que su padrino político el exmandatario Álvaro Uribe) una guerra unilateral contra la vecina Venezuela y su presidente Nicolás Maduro.
Pocos días después de su asunción, Petro anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Caracas, rotas en 2019, designó su embajador, se reunió con Maduro y se abrieron las fronteras, cerradas aquel año. La apertura de la zona de más de 2 000 kms que comparten los dos países permitirá la reanimación económica bilateral, y evitará el tráfico ilegal de la delincuencia.
Tal como expresó en su primer discurso, luego del triunfo electoral, Petro reivindicó una historia nueva no solo para su país, sino también para América Latina y para el mundo¨, con el augurio de ¨un cambio de verdad, un cambio real (…), no vamos a traicionar a ese electorado (…) a partir de hoy Colombia cambia¨.
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Los resultados de ese propósito cobraron cuerpo en el balance ofrecido por el jefe de Estado el pasado 15 de noviembre, al cumplirse los primeros 100 días del llamado Gobierno de Cambio, en el que enumeró 50 hitos logrados en esa etapa.
Aunque todos los temas repercuten en la sociedad colombiana, resultaron muy importantes los cerca de 40 Diálogos Regionales Vinculantes realizados en todo el país, en los que la población hizo propuestas para crear el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2026.
La reforma agraria era otra deuda pendiente del Acuerdo de Paz. Colombia posee de 15 a 20 000 000 de has. de tierras fértiles sin cultivar y las autoridades identificaron los terrenos. El gobierno compró, hasta ahora, 3 000 000 has. para entregarlas al campesinado.
En ese sentido, a principios de este mes, tuvo lugar la Convención Campesina efectuada en Bogotá, en la que los agricultores propusieron impulsar planes desde las organizaciones de base para concretar la reforma en las zonas agrarias, con participación viva de los agricultores y sus familiares.
Para Petro, la protección de la Amazonía –y así lo fundamentó también en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas- es parte de una política pública a iniciar el próximo año.
Otra importante medida fue la sanción del Acuerdo de Escazú, una ley fundamental destinada a que la ciudadanía se informe y participe en todo proyecto vinculado con afectaciones al medio ambiente en el país.
Otro punto de enorme interés para la población más humilde es la entrega de transferencias de recursos mensuales a mujeres jefas de hogar, con hijos menores de los 18 años, con el que el gobierno plantear sacarlas de la pobreza.
Otro punto destacable es que se aprobó la Reforma Tributaria, con la cual el gobierno busca recursos que financien la justicia climática y la justicia social. Sancionada la ley 2277 el pasado día 13, tiene como meta la recaudación de 80 billones de pesos (mn) hasta 2024 con destino principal al gasto social.
En su rápido avance por lograr la igualdad social, inexistente en Colombia, a mediados de este mes, el Congreso Nacional aprobó el ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Márquez.
"Este ministerio, indicó Márquez, es un mecanismo para avanzar en la reducción efectiva de las brechas de desigualdad e inequidad en Colombia".
Aumento del salario mínimo en un 16 %, y un 20% en el auxilio de transporte, en que se involucra gobierno, empresarios y trabajadores marcan pautan también en las nuevas medidas.
En el plano internacional también hubo movimientos. Petro pronunció un discurso considerado memorable; se reunió con su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador, pactó conversaciones con el ecuatoriano Guillermo Lasso para en conjunto combatir la corrupción y el narcotráfico.
Colombia cambia para mejor. Así al menos lo perciben quienes ahora terminan un año en que las transformaciones cobran cuerpo.
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