Para la expresidenta argentina Cristina Fernández, la orden de detención cursada en su contra es otra escaramuza del actual gobierno derechista de Mauricio Macri, llamado “Gato” por el pueblo, para desviar la atención pública del grave trance económico y social que sacude a la nación suramericana.
“Gato” es un término de los años 30 del siglo pasado usado para nombrar a quien recauda para el jefe, y su bienestar recae en la eficacia de su acción e impiedad en su trabajo. Desprecia al que está en inferioridad de condiciones y admira a quien lo utiliza. El “gato” es un esclavo que anhela ser esclavista. Lo más ajeno a un “gato” es la solidaridad¨, recordó el articulista Rodolfo Belone al explicar la prisión del joven Luis Llano, quien le soltó el nombre felino al presidente en plena calle.
Coincidencia o no, en medio de la difícil situación nacional, la justicia solicitó el desafuero de la senadora Fernández y su inmediata detención, una medida que, en opinión de la popular política, responde a su logro de frenar en la Cámara “el tarifazo de las 24 cuotas retroactivas del gas debido a la devaluación monetaria (…). Muy obvios. Se nota demasiado”, aseguró la exjefa de gobierno.
En opinión de la analista argentina Stella Calloni la denuncia contra Fernández parece infantil cuando se pone en duda la palabra de una exmandataria ante declaraciones de un exchofer acusado de varios delitos.
“Todo parece a punto de estallar. El empresario Jorge Fontevecchia, dueño de la editorial Perfil, reveló en una entrevista que el juez Claudio Bonadío maneja la llamada causa de las fotocopias para encerrar a la exjefa de gobierno”, según escribió en el diario mexicano La Jornada.
No es casual, empero, que la orden de prisión es dada cuando el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva guarda injusta condena en Brasil y su homólogo Rafael Correa es perseguido por las actuales autoridades ecuatorianas. La Casa Blanca y la Organización de Estados Americanos (OEA) amenazan con una invasión a la Venezuela de Nicolás Maduro y en las redes sociales y medios opositores acusan falsamente de corrupción a Evo Morales.
Para Fernández, las causas judiciales en su contra forman parte de una persecución política encabezada por el primer magistrado y parte del poder judicial. La solicitud de detención partió del fiscal de la Cámara Federal de Argentina, Germán Moldes, quien la señaló como “jefa de una asociación ilícita”, en la causa de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno.
El aparente delito se basa en una serie de cuadernos escritos, supuestamente, por Centeno, exconductor del exsubsecretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, quien aseguró fue testigo de hechos fraudulentos, en apariencia cometidos por personas vinculadas al kirchnerismo, sobornados por empresarios nacionales.
En ese grupo de presuntos complicados está la exmandataria durante dos mandatos (2007-2015), viuda de Kirchner, el líder que situó al país en la avanzada del progresismo latinoamericano. La justicia también llamó a declarar al diputado Máximo Kirchner y a Florence, hijos de los dos exjefes de gobierno, mencionados en las notas del antiguo chofer.
Como en otras naciones donde hubo regímenes progresistas, y tras el retorno en la mayoría de ellas al neoliberalismo, algunos de los antiguos dirigentes que situaron la inclusión social y la integración como política son ahora víctimas de sistemas judiciales politizados que dictaminan en concordancia con los ejecutivos locales.
Estados Unidos decidió exterminar políticamente a los populares mandatarios de la primera década del milenio y viene realizando desde hace años seminarios y congresos con la participación de funcionarios judiciales de la región a los que emplean como testaferros para evitar el posible retorno del progresismo donde ha fracasado el neoliberalismo, como Argentina y Brasil.
La economía de Argentina se torna insostenible y de ahí las continuas movilizaciones populares organizadas por los sindicatos y los movimientos sociales contra el presidente y su ejecutivo.
Estimaciones extraoficiales indican que al menos 10 000 familias están en las calles, sin hogar, sobreviviendo bajo los alerones de los edificios, y gracias a personas que les entregan comida y ropas, mientras fuertes tormentas azotan Buenos Aires.
Más de mil ollas de comida por semana se organizan en escuelas cerradas por el gobierno. Los maestros se juntan en los patios de esos centros para cocinar y luego distribuyen en los barrios pobres. En una de las iglesias del barrio de Almagro, los sacerdotes, según el diario Página 12, solicitan ayuda a los vecinos, ya que, opinan, la cifra de los que tienen hambre subió entre cinco y siete veces desde el pasado año.
Entre los ciudadanos en miseria absoluta se encuentran, por ejemplo, los trabajadores de las 10 000 empresas Pyme cerradas hace siete meses.
Al gobierno de Macri, endeudado por su mal manejo interno, ni siquiera le alcanzan los 70 mil millones de dólares solicitados en primera instancia al FMI e incrementados el pasado mes para pagar su deuda interna. Lo ocurrido en el 2001 no rozó siquiera la fortuna del jefe del gobierno, por lo que al parecer ignora las consecuencias de volver a meterse en el lodazal de los grandes prestamistas internacionales, los que cobran grandes intereses en tiempo determinado.
Se equivocaron quienes creyeron que este político millonario, conocido en los medios financieros, amigo personal del magnate Donald sería capaz de darle un nuevo impulso a la economía nacional.
Macri y su partido Propuesta Republicana (PRO), unido a otros de derecha, conformaron la alianza electoral Cambiemos. Ganó la Casa Rosada en 2015 con solo un 3 % de diferencia con su rival Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, y de inmediato olvidó sus promesas de campaña. Con un Congreso Nacional en contra, el primer magistrado decretó miles de despidos, aumentó las tarifas del agua, la luz, el gas y el transporte público; subió la inflación y el dólar, devaluando la moneda nacional hasta en un 40 %. La pobreza aumentó y las inversiones que esperaba, dada su reputación en el medio capitalista, nunca llegaron. Pero el Gato no ha tocado un pelo de los grandes capitales argentinos, en tanto abrió las puertas a las trasnacionales que no se atreven a poner un dólar en ese país quebrado.
El ministro de Energía, Javier Iguacel, está acusado por el fiscal Guillermo Marijuan por “abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público”, luego de su disposición para compensar a las compañías proveedoras de gas por la devaluación del peso. El pago lo lograría con un nuevo aumento a las tarifas, medida derrotada en el Senado gracias a la exmandataria Fernández.
El Centro de Economía Política (CEPA) advierte que “con el incremento, la boleta promedio de gas acumula, en lo que va de la gestión Cambiemos, una subida del 1848 por ciento”.
Mientras, el gobierno sigue en un sueño. Macri cifra sus esperanzas —como antes lo hizo con el FMI— en la cumbre del G-20, que tendrá a Buenos Aires como sede el próximo mes. Hasta ahora solo logró que se conozca que la ciudad está militarizada por soldados estadounidenses enviados por su amigo Trump para garantizar la seguridad de los jefes de Estado y/o gobiernos asistentes.
Es muy posible, sin embargo, que los uniformados del norte permanezcan en el país, dado los planes injerencistas de Washington para Suramérica y de los cuales Argentina es abanderada, ya que es la única nación socia global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la región.
Macri, quien propugna la intervención bélica en Venezuela, parece olvidarse que tiene una guerra por librar en su propio territorio, y que resulta muy probable que nunca vea la pensada victoria.
A 14 meses de elecciones presidenciales, el Gato, que aspiraba a seguir en la Casa Rosada, solo tiene un 35 % de aceptación popular, por lo que su mayor reto es gestionar la crisis sin sufrir más desgaste político, lo cual, a ojos vista, será muy difícil para quien traería, dijo, “normalidad y estabilidad económica”.
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