El brazo de la justicia ruandesa

 La extradición de Joseph Mugenzi, un opositor relacionado con el genocidio de 1994, constituye para Ruanda un importante acto de justicia y para África una lección de que ningún crimen debe quedar impune.

Mugenzi, sujeto a una orden de arresto desde 2013, resultó “detenido el martes 27 de octubre por la unidad de delitos internacionales de la Policía holandesa y, de inmediato, solicitamos formalmente su extradición", precisó a la prensa en Kigali  el portavoz de la Fiscalía, Faustin Nkusi.

Las autoridades judiciales del país de la región africana de los Grandes Lagos respecto a las trágicas secuelas de las masacres ocurridas hace 26 años, se mantienen vigentes como ilustran las gacacas o tribunales de la comunidad, que se integran al complejo proceso complejo de reconciliación nacional con justicia.

En la primavera de 1994, tras la muerte del presidente Juvenal Habyarimana y el avance de la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en el conflicto armado, efectivos del Ejército en repliegue y facciones extremistas desataron una matanza en la cual perecieron entre 800 mil y un millón de ciudadanos mayormente tutsis.

Se calcula que el 70 por ciento de las víctimas mortales fueron de esa comunidad, aunque también perecieron ciudadanos hutus de conducta política moderada, así como también personas no vinculadas directamente con los problemas internos ruandeses.

El genocidio se detuvo con la entrada del FPR –comandado por el actual presidente, Paul Kagame-  en la capital, Kigali,  pero muchos responsables escaparon del país hacia el exterior, tanto a Estados de África como de Europa y hoy son reclamados para que rindan cuenta ante la justicia ruandesa.

Para cumplir ese objetivo el Consejo de Seguridad de la ONU creó el 8 de noviembre de 1994 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) con sede en la ciudad tanzana de Arusha, que persigue, arresta, juzga y condena tanto a  los autores como a los promotores del genocidio, aunque no puede aplicar la pena de muerte.

Ese órgano judicial con sede dictó docenas de condenas, desde cadena perpetua hasta la emisión de absoluciones y en 2019 impuso 30 años de prisión al exministro Augustin Ngirabatware, una pena confirmada por la justicia internacional, tras una revisión del proceso.

El papel del TPIR retorna con mucha vigencia ahora, cuando la extradición de Joseph Mugenzi coloca sobre el tablero de la legalidad la capacidad de procesar a un importante sospechoso como ocurrió con otros casos de presuntos jerarcas del Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo (Mrndd).

La facción juvenil del Mrndd, el Interhamwe, fue uno de las más crueles y activas durante los 100 días de masacres, y muchos de sus miembros lograron transponer las fronteras principalmente con Zaire –hoy República Democrática del Congo- entonces gobernada por el aliado Mobutu Sese Seko.

Esos extremistas, los remantes del Ejército de Habyarimana y los afiliados del partido asesino, en cuya nómina figuraba Joseph Mugenzi y el recién detenido Félicien Kabuga, “el tesorero del genocidio”,  lograron burlar la persecución y tardó tiempo en detectarlos, pero ahora llegó hasta ellos el brazo de la ley.

Kabuga uno de los principales acusados por el crimen fue detenido cerca de la capital francesa, donde residía con una identidad  falsa  y se le imputa ser el creador de las milicias Interahamwe, medios de prensa lo identifican como el fugitivo más buscado en el mundo.

El Tribunal de Casación francés estimó que “no hay obstáculos jurídicos o médicos” para el traslado del detenido a la ciudad tanzana de Arusha, donde radica el tribunal de la ONU que lo juzgará.

Como parte de las investigaciones se conoce que el exempresario y promotor de la Radio de los Mil Colinas, la voz del odio étnico y de las matanzas, fue activo en los preparativos del genocidio: en 1993 organizó la importación de 581 toneladas de machetes, devenidos armas en manos de las facciones extremistas.

Tanto la demanda de extradición de Mugenzi como el camino para procesar a Kabuga  se corresponden con el interés de Ruanda de hacer justicia con las víctimas del genocidio perpetrado en 1994, voluntad oficial que alecciona  a otros Estados africanos.