Ecuador renueva presencia militar de Estados Unidos

La pesadilla que para muchos países supone la presencia militar de Estados Unidos en sus territorios, para otros, como Ecuador en el gobierno de Lenin Moreno, constituye una fase del entreguismo a los planes imperiales, entre ellos el dominio por la fuerza del subcontinente.

Cauteloso, porque conoce muy bien lo que significó para los ecuatorianos en términos de independencia el cierre de la base de Manta hace 11 años —cuando él era vicepresidente del exmandatario Rafael Correa— Moreno indicó en una entrevista a Le Monde Diplomatique que “volver a tener un enclave norteamericano (…) sería una cesión de soberanía”.

Pero aclaró rápidamente que su país “está dispuesto a recibir el apoyo y colaboración de Washington”, luego del arribo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para participar en la pesquisa de las explosiones de un coche-bomba en enero de este año en la frontera con Colombia y de un artefacto casero en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

Para el ex ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el anterior gobierno, Guillaume Long, “ante el primer reto de seguridad, la reacción oficial fue traer a Estados Unidos”, mientras otros analistas estiman que se trató de una estratagema de ciertos grupos oligárquicos interesados en tener cerca a los soldados norteños.

Moreno aseguró al periódico francés que no desdeñaría “el apoyo de un país hermano (EE.UU.) porque así lo consideramos; estamos llevando una relación amistosa con Washington, una relación fraterna”, muy al contrario de Correa, declarado antiimperialista que no renovó el contrato para mantener el enclave militar norteamericano en Manta, provincia de Manabí.

Cooperación, humanitarismo, lucha contra las drogas. Palabras de moda para disfrazar la entrada de los injerencistas estadounidenses al llamado País meridiano del mundo, en espera de una orden del Pentágono para intervenir en cualquier país del subcontinente que constituya, aunque sea mentira, una supuesta amenaza a sus planes geopolíticos.

Las declaraciones de Moreno se contradicen con la realidad. Ecuador volverá a participar en el Ejercicio Multinacional de Maniobras Militares (Unitas) organizado por el Pentágono, y accionó una nueva fase militarista interna cuando el pasado mes abrió en Quito una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS) de EE.UU.

La vuelta del militarismo estadounidense a Ecuador forma parte de un acuerdo sin firma —que se conozca al menos— entre el actual régimen y su par estadounidense, dirigido por el ultraderechista Donald Trump, quien con la prepotencia que le distingue continúa amenazando a Venezuela con una intervención armada.

Intimidación a la cual se une ahora el Palacio de Carondelet de manera oficial, ya que la apertura de la OCS y los ejercicios conjuntos Unitas son propósitos delineados desde que el sucesor de Correa tomó posesión en agosto de 2016.

En la ceremonia donde recibió el bastón de mando se encontraba Michael Fitzpatrick, vicesecretario adjunto de Estado para Asuntos de América del Sur, quien afirmó entonces que “Ecuador es un país de gran interés para Estados Unidos”.

Ahora, según anuncio oficial, Fitzpatrick, experto en contrainteligencia involucrado en las estrategias contrainsurgentes del Departamento de Estado en 1986, reemplazará al actual Embajador norteamericano en Quito.

A los efectos de mando, el jefe de la misión diplomática es también el de la OCS. Esas oficinas, según del Departamento de Defensa, pertenecen a la Agencia de Asistencia de Seguridad de Defensa y su rol es realizar acciones que “promuevan los intereses de seguridad específicos de los EE.UU., incluidas todas las actividades internacionales de cooperación de armamentos y actividades de asistencia de seguridad”.

En el programa de las OCS está la promoción formal de ventas y financiamiento militar al extranjero, educación y capacitación militar internacional, asistencia humanitaria (con la visión del Pentágono), ejercicios conjuntos e intercambio de expertos, entre otras acciones.

A Estados Unidos en realidad no le interesa reactivar la antigua base de Manta, que se caracterizaba por operaciones móviles y rápidas. Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de la Casa Blanca, aseguró que “realmente no necesitamos una base en ese sentido, ya que la OCS permite ahorrar altos gastos logísticos y obtienen incluso mejores beneficios”.

Desde este mes, un avión de inteligencia norteamericano sobrevuela los mares y fronteras ecuatorianas, una acción que opera desde Guayaquil durante cuatro días todos los meses.

Para el ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín, la OCS “retomará lo que hacía la base con una sola nave, dada el avance de la tecnología que solo posee una potencia como Estados Unidos”.

Otro peligro posible para la soberanía ecuatoriana es la presencia por “razones humanitarias” del buque hospital USNS Comfort, que navega de forma regular y periódica en costas del país.

Se trata de un buque de guerra de la Armada estadounidense, que en caso de un conflicto —como el anunciado contra Caracas— está habilitado para brindar apoyo logístico a fuerzas armadas regulares, lo cual lo convierte en una amenaza encubierta.

Moreno y su Ejecutivo, en una rápida adhesión a la estrategia de reconversión de América Latina en una gran colonia del Norte, reniegan de la Constitución Nacional vigente, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instalada por el gobierno de Correa.

Estos planes militaristas de EE.UU. en Ecuador violan el artículo 5 de la Carta Magna de 2008, la cual declara al país “territorio de paz donde no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Además de que se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Pero hay más. Con su actitud entreguista, Moreno infringe también el acuerdo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) suscrito en su II Cumbre en La Habana, que declaró zona de paz a la región, lo cual resulta imposible con soldados norteamericanos rondando.

EE.UU., con argumentaciones poco sólidas, quiere hacer creer que lleva adelante un plan regional contra el narcotráfico, un lucrativo negocio internacional del cual obtiene una gran tajada, ya que es el principal consumidor de drogas a nivel mundial.

Joseph Disalvo, subcomandante del activado Comando del Sur, consideró que “debemos pensar en una estrategia nueva que más que un Plan Colombia sea un plan Sudamérica, donde todo el mundo pueda combinar sus esfuerzos y así luchar contra esto (narcotráfico)”.

El controvertido argumento de la lucha contra las drogas en Suramérica fue rechazado por los analistas Alberto Acosta y John Cajas Guijarro, quienes cuestionaron el planteamiento y preguntaron, “¿por qué luego de casi 20 años del Plan Colombia, siete bases norteamericanas en territorio colombiano y más de 10 mil millones de dólares (2016) en cooperación; los cultivos de coca en Colombia incrementaron 146 000 hectáreas ese año, volviendo casi a los mismos niveles de los primeros años del Plan en 2001?”.

La respuesta, argumentaron, es que “luchar contra el narcotráfico no es prioridad de la Casa Blanca o se dedicaría a combatirlo en su propio territorio. Su objetivo, como imperio basado en el poder bélico, es incrementar la presencia militar en la región para asegurar sus ‘intereses hemisféricos’; consolidar, a través de favores políticos, un bloque regional en contra de Venezuela; y justificar su presencia en la zona, ya que con los diálogos de Paz no podrán seguir operando como lo han hecho durante casi dos décadas¨, insistieron los investigadores en una publicación en Rebelión.

Los objetivos son claros. Moreno y su comparsa ejecutiva contribuyeron a consolidar la presencia estadounidense en una región sin tradición guerrerista entre países, un escenario por el cual apuestan los líderes del Pentágono.