Contra mis asesinos…nada

Entre las muchas prerrogativas inherentes a un Estados Unidos democrático, libre, poderoso, pujante y valladar contra el “absolutismo socialista”, está, según sus actuales gobernantes de ultraderecha, la garantía de la más absoluta impunidad en sus correrías globales.

No es un asunto nuevo. El celo por la “integridad y protección de los ciudadanos norteamericanos” es un mito imperial utilizado como pretexto oportunista más de una vez en la historia para justificar agresiones externas, guerras, cercos, matanzas,  invasiones militares y  anexiones de lo ajeno, a la vez que proporciona la imagen de una sociedad donde “ningún servidor está indefenso” frente a la hostilidad externa.

Por consiguiente, ¡ay de aquel individuo, institución, organismo o autoridad foráneos que transgreda ese precepto sagrado, con más razón cuando apunte contra  los que sobre el terreno, en cualquier latitud, materializan a como de lugar los planes expansionistas y hegemonistas de los grandes intereses gringos!

El militar norteamericano puede, por tanto, sin temores de ningún tipo, violar, asesinar en masa, calcinar, golpear, atropellar y torturar, que no hay rival ni entidad que saldrá bien parado si reclama justicia.

Y ahora mismo esa repetida práctica revive con especial fuerza bajo la presidencia de Donald Trump y el equipo de ordinarios a los que ha entregado la política externa de la primera potencia capitalista.

Así, hace apenas horas, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, otro de los dice tener “todas las opciones sobre la mesa”, advirtió severamente a la Corte Penal Internacional, CPI, que habrá sanciones en grande para sus integrantes que decidan enjuiciar militares norteamericanos o del Israel sionista (¡vaya coincidencia!), involucrados en violaciones de los derechos humanos durante las invasiones  a Oriente Medio y Asia Central bajo el pretexto de combatir el terrorismo.

Según indican medios de prensa, el jefe de la diplomacia gringa “anunció una norma de restricción en la emisión de visados norteamericanos para aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación de la CPI relacionada con personal estadounidense”,  no sin antes criticar al citado organismo por tratar de investigar los “crímenes de guerra de los Estados Unidos en los últimos años.”

Las fuentes añaden que “las restricciones, se aplicarán también si la CPI trata de abrir casos contra funcionarios de gobiernos aliados de Washington, incluido, en primera instancia, el régimen israelí.”

Por último, Pompeo adelantó que la administración del presidente Donald Trump “tiene también planes para imponer un embargo económico a la Corte Penal Internacional si no cambia su actitud”.

El desborde del funcionario responde a pronunciamientos de fiscales de esa entidad judicial internacional en el sentido de que existen “bases razonables para creer” que se habían cometido crímenes de guerra durante la invasión norteamericana y de sus aliados a Afganistán, “por lo que todas las partes implicadas en el conflicto debían ser examinadas, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Agencia Central de Inteligencia  de los Estados Unidos.

Vale indicar que, como ocurre con otros acuerdos planetarios incómodos para sus políticas, Washington no ha ratificado el Estatuto global de Roma que, en 2002, dio por constituida a la CPI como instrumento “para ejercer la justicia contra los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios.”

Los medios de divulgación coinciden en que, desde ese entonces, y por diversas vías, los grandes intereses gringos “llevan a cabo una campaña multifacética contra la CPI, aduciendo que esta puede comenzar enjuiciamientos motivados políticamente contra ciudadanos estadounidenses.”

En todo caso, las posibles sanciones anunciadas ahora por Mike Pompeo no hacen sino intensificar las presiones y el chantaje sobre una Corte Penal Internacional cuya existencia Washington de hecho no reconoce oficialmente.

Es sin dudas la práctica que en los años ochenta de la pasada centuria, y con Ronald Reagan como presidente, puso en marcha el titulado neoconservadurismo gringo, autor del Programa de Santa Fe, legajo reaccionario y agresivo donde, entre otras entidades, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,  los organismos de defensa de los Derechos humanos, y hasta la propia ONU con su sede permanente en Nueva York, fueron declarados “enemigos de los Estados Unidos” y escenarios donde “el comunismo internacional hacía de las suyas.”