Continúa condena injusta contra Lula

Mientras se recupera de una cirugía en un hospital de Sao Paulo, la maquinaria ultraderechista del presidente Jair Bolsonaro sigue apretando tuercas con una nueva condena de 12 años al líder izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, dando un tiro de gracia a sus posibilidades de liberación.

Bolsonaro, neoliberal en lo económico, de moral conservadora, aliado de Estados Unidos e Israel, fue apuñalado por un desconocido durante su campaña electoral, realizada –coinciden expertos- a base de noticias falsas contra su principal contrincante, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula da Silva en 1980.

En esta tercera intervención quirúrgica en cinco meses los facultativos retiraron la colostomía realizada al mandatario, y según boletines oficiales, pronto volverá a su vida normal.

La noticia de una segunda condena a 12 años al popular ex presidente Lula da Silva, -quien cumple otra de tiempo similar en la Penitenciaría de Curitiba, estado de Paraná-, movilizó a amplios sectores de la sociedad brasileña, que rechazan al evangelista mandatario y sus manipulaciones sobre el futuro de quien fuera el político más popular de la nación suramericana.

Aunque el ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, antes juez federal e investigador principal del esquema de corrupción Lava Jato (Limpieza de autos) maniobró el proceso judicial contra Lula y logró sentenciarlo a 12 años y un mes, esta nueva condena sorprendió a quienes trabajan para que lo liberen por falta de pruebas.

Esta penalización coincide sospechosamente con el auge internacional que propone al ex presidente como Premio Nobel de la Paz –la reunión del Comité de Estocolmo ocurrirá un día de este mes-. La encargada del nuevo proceso fue la jueza federal Gabriela Hardt, sucesora de Moro en el Lava Jato, quien lo acusa de lavado de dinero en la remodelación de una vivienda en la localidad paulista de Ataiba.

Hardt consideró que aunque el acusado no es el propietario del inmueble, sino uno de sus amigos, supuestamente permitió que las obras fueran hechas por tres empresas involucradas con la Petrobras (Odebrecht, OAS y Schain) y por ello recibió  271 000 dólares mediante contratos amañados.

La respuesta de los seguidores del ex presidente fue inmediata. En unos 10 estados del país hubo marchas y concentraciones populares en rechazo a la manipulación judicial contra el que pretendiera ser candidato presidencial por el PT en 2018, y excluido de la liza tras ser encarcelado en abril último.

Ante una muchedumbre reunida ante la sede nacional del PT en Sao Paulo, Fernando Haddad –quien ocupó el lugar de Lula en la candidatura de ese partido- reiteró que el objetivo sigue siendo luchar por su liberación y contra las políticas de retroceso implementadas por el actual régimen derechista.

El dirigente precisó: "Nosotros queremos imparcialidad, queremos justicia, Queremos que toda decisión de un juez sea basada en pruebas, no en delaciones de personas que han dicho mentiras para que les reduzcan sus penas¨.

Por su parte, los senadores Jaques Wagner y Humberto Costa expresaron su desacuerdo con la sentencia y denunciaron que se trata de una prisión política.

Según los abogados defensores del líder petista, la nueva maniobra es parte de la persecución judicial para evitar que retorne a la vida pública.

De acuerdo al abogado Manoel Caetano “No hay ninguna prueba. La reforma no fue hecha bajo su responsabilidad. El objetivo es hacer que siga preso” mediante denuncias falsas de prisioneros que buscan la reducción de sus penas..

Eugenio Aragão, exministro de Justicia, afirmó que “el caso de Lula no tendrá un final positivo en la esfera del Poder Judicial, justamente por el hecho de que los procesos han sido utilizados políticamente en su contra. Un resultado favorable del caso, explicó, será político, no judicial. La acusación y la condena contra él son políticas, ya que forman parte de un proyecto corporativo del Ministerio Público y del Poder Judicial”. .

El ex mandatario, de 73 años, deberá pasar 49 años en prisión, -hasta ahora- pues hay otras causas pendientes.

En denuncia pública, el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel –promotor internacional de igual galardón para el dirigente brasileño- expresó su temor por la vida de Lula, tras señalar que se encuentra en medio de "sectores reaccionarios que no miden su crueldad", e incluso impidieron su asistencia a la reciente exhumación de su hermano Genival Inácio da Silva.

¨Es un ataque en el cual existe mucho odio", dijo Esquivel, quien recordó que tal acción violó el artículo 120 de la Ley de Ejecución Penal (LEP), la cual garantiza a quienes cumplen condena de régimen cerrado el derecho a salir del recinto en caso de muerte o enfermedad grave de familiares cercanos.

La petición del Nobel para Lula, ya con más de 300 días en la cárcel de Curitiba, está respaldada por medio millón de firmas exigidas por el Comité de selección de la Fundación Nobel,  entre ellas las de personalidades como Jean Ziegler, Éric Fassin, Angela Davis, Danny Glover y Noam Chomsky.

Hay coincidencia en que el dirigente brasileño merece este reconocimiento por el trabajo ejercido durante su Gobierno en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, garantizando la paz y la dignidad humana.

Al respecto, el diario francés L'Humanité se sumó a la campaña internacional a favor de la candidatura de Lula, a quién dedicó su portada al considerarlo "un preso político y un ejemplo mundial en la batalla por una mejor calidad de vida de su pueblo¨.

Informes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), demuestran que durante sus dos mandatos (2003 - 2010), logró reducir la pobreza en un 50.64 %, equivalente a más de 28 millones de personas.

Por el contrario, Bolsonaro, quien asumió el pasado 1 de enero, pretende reformar el país con la reducción del Estado, por lo que anuló siete ministerios, entre ellos los del Trabajo y Cultura, convertidas en Secretarías subordinadas.

En su corto tiempo en el Planalto, este ex capitán del Ejército redujo el salario mínimo, excluyó a la población LGBTIQ de las políticas de derechos humanos, y colocó las tierras ocupadas por pueblos indígenas al servicio de empresas privadas, entre otras reaccionarias medidas.

Respecto a la baja a 998 reales (257,5 dólares), que afecta a 48 millones de personas,  resulta inferior a los 1 006 reales contemplados en el presupuesto de este año, calculados en base a la inflación y la tasa de crecimiento de 2018. Ese rubro además funciona como referencia para las futuras jubilaciones.

En línea con sus declaraciones homofóbicas y misóginas, también desmanteló por decreto la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión (Secadi), creada durante el gobierno de Lula en 2004 para analizar asuntos vinculados a los derechos humanos, la diversidad sexual y las relaciones étnicas.

Con esa medida tales asuntos quedaron excluidos de la nueva política del Ministerio de la Familia, Ciudadanía y Derechos Humanos las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales.

La decisión de Bolsonaro  "condenará a esa población a la invisibilidad y la dejará fuera de las políticas públicas. Lo que es, sin duda un gran retroceso", denunció la diputada del Partido de los Trabajadores (PT), María del Rosario.

Otras polémicas medidas fue traspasar al Ministerio de Agricultura la identificación y delimitación de las llamadas tierras indígenas del país, ahora abiertas para actividades prohibidas, como la minería.

El régimen derechista brasileño evidencia varios núcleos de poder: el económico dirigido por Paulo Guedes, graduado en la Universidad norteamericana de Chicago; el jurídico, integrado por jueces, como Moro, y fiscales formados en doctrinas jurídicas estadounidenses y alemanas; el militar, que ocupa 30 cargos estratégicos; y el fundamentalista, considerado el más descalificado ideológicamente y que prácticamente entregó en masa su voto al evangélico mandatario.

Algunos medios de prensa, como Jornal do Brasil, se hacen eco de las sospechas que recaen sobre la familia Bolsonaro con las milicias paramilitares de Río de Janeiro en un abultado esquema de corrupción y, además, sus posibles vínculos, mediante esos grupos armados, en el asesinato de la concejala opositora Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes el 14 de marzo de 2018.