Chantaje en el Canal

Panamá ha sido en las dos últimas semanas escenario de las contradicciones entre el consorcio europeo  liderado por la constructora española Sacyr Vallehermoso y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por un desacuerdo en los costes para obligar al gobierno de Ricardo Martilleni a un millonario desembolso ante el chantaje, ahora suavizado, de paralizar la mega obra el próximo día 20.

El llamado Grupo de Amigos del Canal (GUPC) firmó en 2009 el contrato para la construcción de las nuevas esclusas del Canal por tres mil 118 millones de dólares. La ACP ya desembolsó dos mil 831 millones de dólares, 784 millones en anticipos reembolsables, además de 180 millones en costos adicionales. La cifra representa cerca del seis por ciento del costo fijado en el convenio rector.

El conflicto estalló el pasado día 30 cuando el Grupo europeo afirmó que detendría la obra si en un plazo de 21 días la ACP no pagaba el reclamo de mil 600 millones de dólares adicionales al contrato original por sobrecostes, “originados en informes geológicos erróneos por parte de la administración de la vía interoceánica”, según explicó en un comunicado público.

El GUPC está integrado por Sacyr,  Impregilo de Italia, Jan de Nul de Bélgica y Constructora Urbana (CUSA) de Panamá.

Ante la negativa canalera, el GUPC amenazó con parar la obra, lo que constituiría, según fuentes empresariales, un escándalo internacional, ya que la ampliación del Canal es el mayor reto de la historia de la ingeniería civil.

Una de las medidas tomadas por el consorcio internacional fue el despido de más de dos mil trabajadores de la ampliación del Canal, según denunció este jueves la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP).

El secretario general de la CGTP, Abelardo Herrera, advirtió que podrían quedar cesantes más de cuatro mil obreros y exigió a las empresas encargadas que cesen las cancelaciones.

UN CONVENIO TRAMPOSO

Analistas sospechan que, dada la crisis económica española y su baja actividad en la nación hispana, Sacyr quiso hacerse del convenio de cualquier manera, colocando de manera fraudulenta los precios más bajos para ganar la licitación. Es muy posible que esa compañía, a la que no le conviene el actual escándalo, pensara resarcirse después mediante los sobrecostes, un procedimiento acostumbrado en las obras de gran infraestructura.

Panamá aceptó en el 2009 la mejor opción para sus finanzas. El GUCP brindó el menor precio entonces —tres mil 118 millones de dólares— mientras que otras empresas extranjeras como el gigante estadounidense Betchel y la dirigida por Acciona cobraban cada una como mínimo mil millones de dólares más.

ESTADOS UNIDOS: PELIGRO LATENTE

Para el pueblo panameño la soberanía sobre el Canal, o cualquier problema que le ataña, causa un revuelo nacional. De hecho, movimientos, partidos y organizaciones sociales han mostrado su apoyo absoluto a la ACP, pero advierten el peligro de que Martinelli lleve las discrepancias a una situación diplomática que pueda concluir con la intervención de Estados Unidos.

Varios movimientos de oposición y organizaciones empresariales plantearon al Presidente que no se inmiscuya en un tema de competencia de la Administración canalera, que es un ente independiente y no convierta la actual discrepancia en un punto a favor de su partido político dada la cercanía del proceso electoral este año.

Según esas fuentes, la posición de Martinelli puede posibilitar que el gobierno de Estados Unidos, basado en el neocolonialista Tratado de Neutralidad que lo hace co-garante de la seguridad canalera, quiera entrometerse para encuadrar el conflicto en sus intereses geopolíticos.

Pero, el Mandatario insiste: “Panamá va a negociar solo en base a lo que dice el contrato” suscrito por la ACP y el GUPC, dijo Martinelli ante el chantaje de “o me das el dinero o paralizo el trabajo”, y reiteró que la ampliación de la vía interoceánica “se va a terminar llueva, truene o relampaguee”. La ampliación del Canal está en general en un 72 por ciento de ejecución.

El presidente advirtió que iría a Europa a conversar con autoridades internacionales, pero ante la situación creada viajó a Panamá la pasada semana la Ministra española de Fomento, Ana Pastor, quien actuó como mediadora entre las partes, dada las consecuencias económicas negativas para su país.

Cuando se conoció en España el diferendo de Sacyr con las autoridades panameñas, hubo una fuerte caída de sus acciones en la Bolsa de Madrid, recuperadas después por la expectativa de una solución tras la llegada de la Ministra y el inicio de conversaciones.

La posible conciliación se lograría si los europeos aceptaban la propuesta de la ACP: entregarle al consorcio un anticipo de 100 millones de dólares, la cual fue rechazada, pues entonces la parte divergente exigió 400 millones de dólares para mantener activa la obra.

Es más, luego de la oferta hecha por Panamá, Impregilo propuso que se le adelantara mil millones de dólares, lo cual fue calificado como “inaceptable” por la administración del Canal.

Las contradicciones entre Sacyr e Impregilo por el liderazgo de GUPC se hicieron visibles, pues las demandas de los italianos denotaban el interés de exprimir las posibilidades de chantaje a Panamá, calificando de “inaceptable y ridícula” la posición gubernamental.

UNA MEJOR JUGADA

Al parecer, este fin de semana los contratistas extranjeros pensaron mejor la jugada —en especial Sacyr— y suavizaron sus posiciones, pero las negociaciones continúan en busca de una solución que respete el documento firmado para la ampliación de la vía de una extensión de 80 kilómetros que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

El presidente de la empresa hispana, Manuel Manrique, precisó a la agencia EFE que el GUPC no paralizará la ampliación del Canal  por “falta de flujo de caja”.

Manrique aseguró que se buscan fórmulas del contrato “que permitan reflotar el proyecto de construcción de las nuevas esclusas” de la vía interoceánica. Para Sacyr está claro que el gobierno de Martinelli mantiene su posición de terminar la construcción, quizás ayudado por su socio Estados Unidos y pasando por encima de la autoridad de la ACP.

El consorcio, dijo, enfrenta “exclusivamente” un problema de “flujo de caja”, debido a que los mecanismos de solución de conflictos previstos en el contrato “se tardan más” que la ejecución de la obra, y lo “único” que ha pedido  “es ayuda”, indicó EFE.

El directivo se mostró confiado en que habrá una solución ya que, precisó, 2nosotros no tenemos un problema de solvencia económica sino de cashflow (flujo de caja), causado por la diferencia de tiempo que toma la resolución de los conflictos o diferencias según el contrato”, pero medios panameños insisten en que no tienen dinero para continuar la obra.

Hace una semana, la administración del Canal anunció lo que calificó de su última oferta: el adelanto de 100 millones de dólares, otorgar dos meses de moratoria al pago de un anticipo de 83 millones y que el GUCP aporte 100 millones para garantizar los trabajos para los próximos dos a cuatro meses.

Sobre el consorcio pende también la posibilidad de que Panamá use los mecanismos previstos en el tratado para concluir la obra sin el contratista original, y que, según autoridades oficiales, está dispuesto a invocarlo si persiste el conflicto.

Para el presidente de la Junta Directiva del Canal, Roberto Roy, ese sería el último paso, pues “Panamá lo que quiere es que se cumpla con el contrato (…) yo espero, todavía quedan varios días, que los contratistas recapaciten, que lo que más le conviene también a ellos, no solamente al Canal, es poder cumplir con su palabra”, declaró ante periodistas locales.

Se espera que la construcción finalice en junio de 2015, nueve meses después de la fecha estipulada con el GUPC.

Cuando estén terminadas, las nuevas esclusas permitirán el paso de buques con capacidad para 12 600 contenedores, mientras que ahora pueden navegar con 4 440.