La “gente de la tierra” sigue en rebeldía en Chile

El presunto asesinato del joven mapuche chileno Camilo Catrillanca, este mes, sienta en el banquillo de los acusados al gobierno presidido por Sebastián Piñera, quien ante la rebeldía del pueblo originario y las manifestaciones en su apoyo en distintos puntos del país viajó a la Araucanía para tratar de calmar los ánimos mediante promesas de investigación.

Catrillanca, de la comunidad mapuche Temucuicui, ubicada a unos 600 kilómetros de Santiago, la capital, agricultor de 24 años, casado, con una hija pequeña y una esposa embarazada, recibió un tiro en la cabeza mientras conducía un tractor el pasado día 14 cuando miembros del llamado Comando Jungla —Grupo Táctico de Carabineros—disparaban contra supuestos ladrones próximos al lugar donde se encontraba la víctima.

Lo que los carabineros catalogan de “confuso episodio” provocó la protesta de los pueblos mapuches, organizaciones de derechos humanos e internacionales, como Naciones Unidas. Quizás el caso se hubiese diluido en la duda de una bala perdida en medio de un tiroteo, pero lo que despertó las alarmas fue que la policía borró la grabación de la muerte del muchacho y las circunstancias del hecho.

“La visita de Piñera solo le echa más leña al fuego”, declaró a El Dínamo Marcelo Catrillanca, padre del fallecido, quien dijo a la publicación que aunque el presidente prometió una investigación a fondo, la cinta grabada fue destruida por las autoridades.

Recordó que, sin embargo, junto a su hijo había otro muchacho “que está a buen resguardo, y que sabe la verdad de lo que pasó. Lo cuidaremos y lo protegeremos, porque hay militares en todos los caminos vecinales que también pueden acabar con su vida”.

El hecho despertó la ira del pueblo mapuche (mapu, tierra), che (gente) o Gente de la Tierra, con una población de más de 1 400 000 de seres humanos en Chile, habituados al abuso policial, las detenciones, torturas y desapariciones.

Marcelo Catrillanca denunció la constante presencia policial en las cercanías de Temucuicui, vigilada también por un dron que de manera permanente monitorea los movimientos de la población. La familia del fallecido interpuso una querella contra el Estado, pero teme que de nuevo los carabineros tergiversen la información. “Lo que queremos es que la justicia pueda actuar y conozcamos la verdad. No hay que olvidar que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aceptó la mentira de los carabineros”.

En ese sentido, la Cámara de Diputados chilena aprobó el pasado día 21 la interpelación de Chadwick sobre los acontecimientos en la Araucanía. El ministro dio baja a agentes participantes en el patrullaje en la comuna, luego de conocer que mintieron en sus declaraciones y destruyeron pruebas.

Los indígenas mapuches solo cuentan con ellos mismos para lidiar con los militares y las trasnacionales que les arrebatan sus tierras sagradas.

Catrillanca refirió que nunca pedirán protección “porque somos libres en nuestro territorio, por lo tanto vamos a permanecer acá en la tierra de nuestros ancestros que hemos recuperado y quieren volvernos a quitar”.

Como un paliativo a la rabia del pueblo mapuche, el intendente Luis Mayol renunció y fue sustituido por Jorge Atton, lo cual, opinan medios chilenos, como El Telégrafo, podría ser otro fracaso del gobierno de Piñera, ya que este funcionario declaró que su intención era situar militares que prestan servicios en otros países en la Araucanía.

Aunque el Comando Jungla niega que asesinó al mapuche —el número 16 en los últimos 18 años— movimientos sociales chilenos denunciaron que el grupo, presentado el pasado 28 de junio por el mandatario, cumple un rol provocador, sin propuesta alguna de diálogo.

El Comando Jungla en Chile es un equipo especial de carabineros, supuestamente encargados de “reforzar la seguridad” en la Araucanía, entrenados especialmente en Colombia y Estados Unidos y, según el mandatario, constituyen una fuerza para lograr la paz que busca.

A través de medios y redes sociales, las comunidades que habitan estas regiones denuncian continuamente los abusos y las vejaciones que realiza esa fuerza armada, dotada de modernos equipos bélicos y hasta tanquetas ligeras, contra pueblos autóctonos residentes en la región desde hace siglos.

En la actualidad, esa es también la principal zona de explotación forestal del país y la de mayor índice de pobreza, que alcanza al 27 % de los habitantes.

Piñera advirtió que el Comando operaría en la llamada macrozona, compuesta por las tres regiones donde hay más conflictos por la tierra en Chile: Bío Bío, la Araucanía y Los Ríos.

Durante su reciente visita a la zona donde mataron a Catrillanca aseguró que, a pesar de las peticiones de los políticos de oposición y de los pueblos originarios, no sacará al Comando de esa área, ya que su objetivo es garantizar la presencia de las trasnacionales en la zona.

Según la agencia chilena UNO, partidos políticos acusaron a Piñera de “no tener repertorio” con la Araucanía, en tanto el senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, aseguró que el discurso oficial “ya está agotado”. “La Araucanía no es Vietnam ni es la selva colombiana. En vez de enviar efectivos policiales para la guerra, el presidente debería entrenar funcionarios para la paz y para el diálogo”, en tanto defendió la disolución del Comando Jungla, lo que ni siquiera pasa por la mente del mandatario.

Los mapuches chilenos vienen luchando por el respeto a sus tierras desde hace cinco siglos, cuando se enfrentaron, primero a los incas, y luego a los españoles.

Se estima que cuando España invadió Chile, ese pueblo indígena ocupaba unos 100 000 km² (10 millones de hectáreas) en el centro-sur del país, pero desde fines del siglo XIX y luego de la campaña de Pacificación de la Araucanía por parte del gobierno de turno, quedaron confinados a un 5 % de la superficie original.

Solo el gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973), identificado con la situación de los mapuches, permitió mediante la Reforma Agraria una recuperación parcial de territorios, pero el régimen militar que siguió (Augusto Pinochet, 1974-1990), ordenó nuevas destituciones.

Luego de la salida del general Pinochet, que dejó un rastro de muerte en la Araucanía, en 1993 se promulgó la Ley Indígena 19 253 bajo el gobierno de Patricio Aylwin, que legalizó la restitución de las tierras arrebatadas por el régimen militar, pero no de todas las reclamadas por los indígenas.

El mandatario Ricardo Lagos (2000-2005) prometió la restitución de 150 000 hectáreas a sus legítimos propietarios, pero solo recuperaron alrededor de 30 000.

Según fuentes oficiales, entre 1994-2009 se entregaron unas 667 000 hectáreas, pero las comunidades mapuches afirman que fueron 94 000. Para el investigador chileno Eduardo Mella, los mapuches son presa permanente del illkun: un estado de ira que, lejos de ser irracional o intempestivo tiene fundamentos y razones históricas.

Ese pueblo mantiene una guerra permanente contra quienes arrebataron sus terrenos para fomentar los grandes latifundios, dejándolos en un alto grado de pobreza. Los mapuches luchan de continuo por recuperar sus tierras sagradas, ocupadas por compañías extranjeras, como la Endesa de España, que construyó una segunda central hidroeléctrica en la zona del Alto Bío Bío, a pesar de la negativa de las familias indígenas a abandonar sus territorios. Miles de hectáreas fueron inundadas de manera totalmente autoritaria.

Al mismo tiempo, en los valles centrales comenzó en los años 90 la explotación de las plantaciones forestales sembradas a mediados de la dictadura militar en predios recuperados por los mapuches durante el gobierno socialista de Allende, ahora en manos de grandes grupos económicos.

Los mapuches siguen batallando por sus suelos ancestrales y su autonomía. Nadie imagine que se darán por vencidos. El nombre de este pueblo lo dice todo: “Gente de la tierra”.