Delegaciones del gobierno de Colombia y del activo grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), culminaron un segundo capítulo de negociaciones en Caracas, en tanto ya anunciaron su continuidad en enero del próximo año en México. Pasos firmes hacia la paz total que pretende la administración izquierdista del presidente Gustavo Petro.
Nadie imagine que el cese de las armas será fácil en una nación que en las últimas décadas vivió una guerra civil con saldo de más de 8 000 000 de víctimas, entre ellos 262 197 muertos. De esas víctimas fatales, 215 005 eran civiles y 46 813 combatientes. Por esa violenta situación, mas de 6 000 000 de ciudadanos tuvieron que abandonar sus lugares de residencia, casi siempre situadas en zonas apartadas y empobrecidas de la nación.
En 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el comandante Rodrigo Londoño, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) suscribieron el Acuerdo de Paz que, en teoría, ponía fin a 62 años de conflicto bélico, con proyectos definidos para la reinserción de los exguerrilleros a una vida normal. Sin embargo, al asumir el derechista Iván Duque, hombre de confianza de Álvaro Uribe –con dos mandatos en Casa Nariño y promotor de los grupos paramilitares de defensa en Antioquia- engavetó el Acuerdo.
La paz fue quebrada y violada por el régimen, y las disidencias de las FARC-EP retomaron las armas. Las conversaciones que comenzaron en Quito, Ecuador, con el ELN fueron censuradas por el mandatario Lenin Moreno, quien de una supuesta actitud izquierdista pasó a la derecha recalcitrante. Moreno ordenó la suspensión en su país del diálogo entre colombianos.
La llegada al poder de Gustavo Petro, quien en un ambicioso pero imprescindible proyecto asumió concretar un período de paz total, fomentó nuevas negociaciones no solo con el ELN, sino también con las fracciones de las FARC-EP que retornaron a la guerra.
El presidente convocó a todos los armados, por distintas razones, a sentarse con su gobierno para analizar, discutir y llegar a entendimientos que permitan una vida normal a millones de ciudadanos en las llamadas zonas de terror.
Mantenerse con vida en esas áreas es un milagro. Según el organismo Indepaz, este año fueron asesinados 171 líderes sociales, 58 de ellos desde que asumió la nueva administración hace cinco meses.
Indepaz, además, reportó que desde enero pasado hasta este mes ocurrieron 90 masacres, 36 de ellas de firmantes del acuerdo de paz.
Entre tanto, en la costa Pacífica de Nariño, las autoridades registraron este mes el mayor desplazamiento masivo de este año -12 000 personas-, lo cual es una cifra alta. Los enfrentamientos entre grupos armados afectaron a 129 familias (405 personas) en Lloró, Chocó, y en el resguardo indígena de La Tola, en Nariño.
En el gobierno Petro las autoridades reportan la captura de 3 816 miembros de distintas estructuras ilegales, 23 muertos en operaciones, y más de 1 500 laboratorios de droga desmantelados, pero es notable la preocupación por el cuidado del orden público. En ese contexto, la población colombiana se mantiene expectante respecto a las bandas criminales que operan en la localidad de Buenaventura, que se manifiestan en una presunta fase de “acercamiento”, según dijo al periódico El Tiempo el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), apuntó que en la actualidad el conflicto está marcado por disputas entre grupos armados (hay que recordar los 23 muertos por choques entre guerrilleros disidentes en Putumayo) y contra líderes sociales, más que por acciones contra la Fuerza Pública.
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HACIA LA PAZ TOTAL CON EL ELN
El diálogo entre el ELN y el Ejecutivo colombiano recomenzó de manera formal el pasado 21 de noviembre, tras gestiones de la administración de Petro, luego de cuatro años de suspensión por el régimen de Duque, el títere favorito de Estados Unidos (EE.UU.) en América Latina.
Este primer ciclo concluyó el 12 de este mes en Caracas con cuatro acuerdos sobre los temas Agenda de Diálogo, Institucionalización de la Mesa, Acciones y Dinámicas Humanitarias, y Pedagogía y Comunicaciones.
En una declaración conjunta, las partes reiteraron su compromiso de respetar el papel de los países garantes, evitando que vuelva a presentarse una situación contraria al derecho internacional, como aconteció cuando el régimen derechista de Duque desconoció los protocolos acordados y los agredió, a Cuba en especial.
El primero, sobre la Agenda de Diálogos, sufrió algunos cambios determinados por el nuevo contexto nacional e internacional. Los ajustes fueron discutidos y aprobados y están en proceso de redacción, indicó el texto.
El segundo versa sobre la institucionalización de la Mesa de Diálogos de Paz y la normativa que regula y potencia su trabajo, el apoyo de la comunidad internacional mediante los garantes, y la activación de otros acompañantes.
El tercero trata sobre Acciones y Dinámicas Humanitarias, en el que las partes reconocen la grave situación de violencia que se presenta en los territorios, así como en las cárceles, y la necesaria atención urgente a un grupo de presos políticos del ELN.
Para Pedagogía y Comunicaciones se estudiaron estrategias en tales aspectos, en el interés de fortalecer y ampliar el apoyo y aportes de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional al actual proceso.
En ese contexto, el embajador mexicano en Caracas, Leopoldo De Vives, agradeció el espacio brindado en ¨esta ocasión histórica¨ de actuar como Estado garante, lo cual, reiteró, ¨aceptamos con todo gusto y responsabilidad, en tanto se analizan fechas propuestas, aspectos logísticos para garantizar las mejores condiciones a la nueva ronda.
Desde el pasado 7 de agosto hasta la fecha, el ELN, con alrededor de 3 000 miembros y presencia en 180 municipios, liberó a 20 personas entre civiles e integrantes de la fuerza pública.
¿QUÉ PIENSAN OTROS GRUPOS ARMADOS?
La invitación al diálogo en busca de la paz total en Colombia fue cursada por el presidente Petro a todos los grupos militares o paramilitares, que por distintas razones –una de ellas el narcotráfico, pues Colombia es la mayor productora y distribuidora de drogas- mantienen un estado de terror en una parte importante del país.
El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó que el comandante de las FARC-EP, Iván Márquez, está vivo y convaleciente, (se había divulgado que había fallecido) y que desde el Gobierno hay acercamientos indirectos con él, orientados hacia unos diálogos exploratorios.
En una reciente entrevista con Yamid Amat en el Noticentro 1 de CM&, Rueda señaló que “podemos afirmar que él (Márquez) es uno de los que ha enviado los mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz”.
“Tenemos, comentó, una fase de exploración y esa fase es discreta, porque permite acercamientos para valorar las voluntades mutuamente”.
Pero el grupo bélico más fuerte en Colombia es el Clan del Golfo, surgido tras el supuesto desmantelamiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hace 20 años.
El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, ofreció en julio último al entonces electo presidente Petro, un alto el fuego condicionado a la libertad de sus miembros, incluidos los detenidos en el exterior que "tengan el compromiso honesto" de "esclarecer la verdad", según un texto entregado.
En comunicación de su estado mayor, integrado por más de 30 organizaciones criminales, el Clan hace referencia al "momento histórico" de Colombia "en el que por primera vez llega a la dirección del país un presidente de izquierdas".
Sobre el Clan del Golfo, Petro ha hablado de "sometimiento voluntario a la justicia", sin que se conozca algún tipo de acercamiento.
Este mes, la Fiscalía General de la Nación desbarató una red criminal en Antioquia encargada de abastecer de armas de fuego al Clan. Las diligencias se ejecutaron en Medellín, Envigado y Urrao, en el estado de Antioquia, por valor de 4 millones 800 mil pesos (mn).
Tres sujetos detenidos serían los coordinadores del grupo delincuencial que se encargaba de introducir armas de fuego desde Estados Unidos, para dejarlos en manos del Clan del Golfo y otras estructuras criminales. Según lo revelado por el ente acusador, esa red recibía fusiles, pistolas, granadas y otros elementos que eran enviados hacia Colombia como encomiendas, a través de reconocidas empresas de mensajería.
Este lunes 12, el Clan devolvió 12 toneladas de dinamita robada en Antioquía, y expresó en un comunicado: ¨demostramos nuestro compromiso con la tranquilidad de las comunidades¨ como ¨un gesto para demostrar que estamos interesados en la paz total del presidente Petro¨.
Una comisión de la Personería del municipio ubicó los explosivos en costales con la bandera de Antioquia y las siglas de las AGC en el sector conocido como El Mango, gracias al mensaje que recibió un campesino.
El Clan refirió que la carga explosiva fue robada en la madrugada del 29 de octubre (11,9 toneladas y 12.000 estopines) sacada de una bodega ubicada en Uramita, por hombres fuertemente armados, según comunicó la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) con inversiones en esa zona.
El pasado año, fueron cultivadas 204 000 has de coca en Colombia destinadas a EE.UU., según informe anual de la Oficina contra la droga y el delito de Naciones Unidas (ONU).
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